El pasado 28 de diciembre, la Junta sorprendió al aplazar a mayo el impuesto de las bolsas de plástico y la subida del agua y al retrasar seis meses los estatutos de las nuevas agencias procedentes de la polémica reorganización del sector público, que provocó un duro enfrentamiento con los funcionarios.

Aún sin agotar este plazo, el Consejo de Gobierno dio por cerrado este proceso al aprobar ayer los estatutos de estas nuevas agencias, que ya están "maduros", según describió al término de la rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz, Mar Moreno.

En febrero, el Parlamento aprobó la ley del sector público que sustituyó al decreto ley 5/2010 vigente desde agosto y dio trámite de audiencia a los sindicatos más beligerantes con el texto. Pero el tiempo transcurrido desde entonces no ha servido para acercar las posiciones.

Como venían anunciado desde hace semanas, CSIF, Safja y Ustea confirmaron ayer que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los estatutos de las nuevas agencias públicas. De otra parte, ayer también se conoció que el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, remitirá a su homólogo nacional, al tratarse de una cuestión que le excede, el informe del catedrático jubilado de Derecho Administrativo y ex ministro Manuel Clavero en el que adivina visos de inconstitucionalidad sobre la ley del sector público.

El texto contó con el visto bueno de CCOO y UGT, a quien Moreno agradeció su "apoyo constructivo, desde el minuto uno", aunque estos sindicatos se opusieron en un principio hasta que pactaron un nuevo decreto ley con sus enmiendas, en la práctica, retoques obvios.

Las ocho nuevas agencias fusionan 114 entes autonómicos de cinco consejerías, en el que supone "el mayor proceso de reforma del sector público andaluz". Los cambios provocaron ayer hasta 13 nombramientos. En las absorciones figura la del Servicio Andaluz de Empleo, que integra a la fundación Faffe y a 95 unidades territoriales. Moreno subrayó que esta modificación "en clave de eficacia y austeridad, salvaguarda la garantía de lo público" y garantiza las prestaciones de los servicios públicos sin afectar a los derechos de los trabajadores.

La consejera cifró en tres millones de euros el ahorro al año que, sólo en salarios, supone la supresión de 166 puestos directivos, que retornarán a sus puestos de origen. El ahorro en principio estimado por este proceso era de 115 millones hasta 2013, por lo que habría que añadir a las nóminas el alquiler de sedes de las empresas eliminadas y las facturas correspondientes.

De otro lado, en el que parece otro frente de la Junta con los sindicatos por la decisión de apostar por oposiciones libres en detrimento del concurso oposición, fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública resaltaron ayer que lo planteado el lunes en la mesa sectorial "es una propuesta de negociación".