El Partido Popular andaluz volverá, una vez más, al Tribunal Constitucional con la intención de que éste tumbe otra medida del Gobierno autonómico. En esta ocasión se trata del polémico proyecto de ley mediante el que la Junta persigue la reordenación del sector público en la comunidad. Los populares están convencidos de la inconstitucionalidad del llamado decretazo o funcionariazo. También existe ese convencimiento entre los miles de trabajadores públicos de la Junta que se oponen a la reconversión del sector tal y como la plantea la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y para quienes el revés de los magistrados del alto tribunal se presenta, ya, como una de las pocas salidas exitosas que queda a sus reivindicaciones.

Porque desde mañana, la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento inicia el debate del proyecto de ley y de las enmiendas que los distintos grupos han planteado, previo al Pleno que se celebrará el próximo día 16. Y la norma saldrá adelante, bendecida por la mayoría absoluta del PSOE. Todo lo que ocurrirá hasta esa fecha forma parte del obligado calendario por el que debe transitar el proyecto de ley antes de su aprobación. Y en la Cámara autonómica recibirá luz verde.

Ya en los preámbulos de la elaboración del documento, durante el trámite de ponencia en la misma comisión, los socialistas no admitieron ni una sola de las 42 enmiendas presentadas por el PP, entre las cuales destacaban las que solicitaban la derogación de los decretos del 27 de julio y del 23 de noviembre del año pasado. El PP continuará defendiendo hasta el último momento que "hay que empezar de cero".

Así pues, consciente de la derrota de sus postulados en el Parlamento, el presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció ayer que su partido presentará el recurso contra el proyecto de ley de reordenación del sector público andaluz ante el Tribunal Constitucional. Y lo hará, según dijo, al objeto de que "se respete la dignidad de los funcionarios".

En el acto de presentación del candidato del PP de Dos Hermanas (Sevilla), Manuel Alcocer, Arenas censuró el comportamiento de los socialistas al despreciar todas y cada una de las enmiendas presentada por su formación al proyecto de ley. El líder de los populares andaluces entiende que la única réplica que le queda, pues, a su partido, es "volver al Constitucional". Se trata de un regreso al TC, puesto que ya lo hizo presentando un recurso de inconstitucionalidad el pasado mes de octubre contra el entonces decreto ley de reordenación del sector público andaluz.

El PP-A estima que la reordenación que persigue el Gobierno autonómico "puede estar lesionando de forma irreversible nuestro ordenamiento constitucional al conculcarse principios y derechos fundamentales, como el derecho a acceder en condiciones de igualdad al empleo público consagrado en nuestra Constitución, o el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, al haberse impuesto en su origen sin la preceptiva negociación".

Por otro lado, y en relación al funcionariado, Arenas aseguró que "nadie debe temer bajo ningún concepto" por el mantenimiento de su puesto de trabajo si su partido desembarca en el poder tras próximas elecciones autonómicas. Sin embargo, son los "colocados" por el Ejecutivo socialista quienes, avisó el líder del PP-A, sí deben preocuparse.

Del mismo modo, Arenas aludió al hecho de que el Partido Socialista afirme que los populares protagonizarán una ola de privatizaciones en el sector público si salen victoriosos de los comicios, extremo que el número uno del PP-A negó con rotundidad. "Es más bien al contrario, pues el PSOE-A, va a privatizar hasta la Lotería", alertó Arenas.

El líder del PP-A manifestó estar "cada día más convencido de que la grandeza de la democracia tiene mucho que ver con los ciudadanos" y añadió que "es disparatado que un solo partido gobierne 30 años, sea el partido que sea".