El símbolo de protesta utilizado por los contrarios al decreto ley 5/2010 de reordenación del sector público, un enchufe, no gusta nada a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que ayer salió en defensa de los contratados por las empresas públicas y reprendió a los funcionarios opositores del decreto por la "campaña de desprestigio contra estos trabajadores, que también forman parte de los empleados públicos de la Junta de Andalucía". "¿Se consideran enchufados al personal de las empresas públicas sanitarias, a los orientadores del servicio de empleo o a los trabajadores del Plan Infoca (extinción de incendios)? Basta ya de desprestigiar a los empleados públicos, que también prestan un buen servicio a Andalucía, junto a los funcionarios y a los laborales", les reprochó Aguayo a los funcionarios que están protagonizando movilizaciones.

El polémico decreto por el que se reorganiza el sector público andaluz y el levantamiento de sindicatos y funcionarios que consideran que se abre la puerta de atrás a la función pública para el personal laboral de estas empresas pertenecientes a la Junta -unos 25.000- monopolizaron ayer el desayuno informativo organizado con la consejera de Hacienda por la asociación de Periodistas Parlamentarios de Andalucía (PEPA). El encuentro supuso un anticipo de la convocatoria, hoy, de la Mesa General de la Función Pública, presidida por Martínez Aguayo que, según dijo, se mostrará "flexible" y con la "voluntad" de modificar algunos "flecos" que contribuyan a garantizar derechos y a eliminar "miedos y recelos" sobre la reforma del sector público. La base: el acuerdo pactado con CCOO y UGT en el seno de la concertación. El otro sindicato que estará presente, CSIF, mantuvo ayer que solicitará la derogación del decreto.

El acuerdo alcanzado entre Junta, CCOO y UGT introduce el paso "voluntario" a las agencias del personal laboral, además del funcionario; el compromiso a la negociación colectiva y la creación de una mesa de negociación con la participación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) para "unificar la negociación colectiva en el sector público", entre otros retoques.

La consejera sostuvo tajante que lo que no va negociar es la derogación del decreto o cambiar la organización que prevé, ya que ésta -dijo- es competencia "exclusiva" del Gobierno. Se discutirán entonces sólo los temas laborales que han originado el "recelo".

A partir de la celebración de la mesa general, se convocarán a partir del lunes mesas sectoriales como la del personal de la Administración General de la Junta, donde la mayoría la ostenta CSIF, el Sindicato de Funcionarios (Safja) o Ustea, quienes piden la derogación del decreto. Si se mantendrá el calendario y las agencias comenzarán a funcionar el 1 de enero será confirmado cuando concluyan estas reuniones. "No prejuzguemos la voluntad negociadora", apostilló Martínez Aguayo. La intención de la Junta es incluir el acuerdo vía enmienda a los Presupuestos y modificar así el decreto.

Martínez Aguayo enumeró hasta seis razones por las que en su opinión obedece la revuelta de funcionarios o personal laboral, todas ajenas a un decreto "que no lesiona los derechos de los trabajadores", insistió. Una errónea política de comunicación, la incertidumbre que generan los cambios, la huelga general, la proximidad de elecciones sindicales o el "malestar general del funcionariado en relación con la disminución de retribuciones" en una media de un 5%, a la que se sumará el inminente recorte de un 20% en la paga extra de Navidad. La manipulación por parte del PP, razón a la que la Junta acudió en un primer momento, también se encontró entre los argumentos expuestos por la consejera. "En su voluntad sí está despedir funcionarios", aseguró. El PP replicó que Aguayo "miente". La consejera puso especial énfasis en que la reordenación no significa una privatización de los servicios públicos.

Por si el asunto tuviera pocos aditivos, el secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, anunció ayer que su sindicato planteará hoy en la mesa general que, a partir de ahora, en la Junta de Andalucía sólo se convoquen oposiciones libres a las que puedan acceder los ciudadanos en las mismas condiciones y eliminar los concursos oposición en los que se valoran los servicios prestados.

En declaraciones a los periodistas, Pastrana confió en que el Gobierno andaluz acepte esta propuesta, por la que cualquier ciudadano que haya trabajado antes o no en la Junta o en otras administraciones, esté en las mismas condiciones que otro.

Fuentes de CSI-CSIF consideraron ayer a Europa Press que la propuesta de UGT supone "una cortina de humo para desviar la atención".