Un cortocircuito o un problema en el circuito eléctrico de una cama para personas impedidas son las causas más probables del incendio registrado en la residencia privada "Aurora" de Sevilla, en el que han muerto seis ancianos.

Fuentes de la investigación han asegurado que el incendio se produjo en una habitación de la segunda y última planta del inmueble, que estaba ocupada por una sola persona y que ha sido la que ha fallecido carbonizada, ya que las otras cinco víctimas murieron por inhalación de humo.

Aunque la investigación de la Policía Científica aún no está cerrada, las primeras hipótesis de los agentes son que se produjo un cortocircuito o que el mecanismo eléctrico de la cama falló y provocó el incendio del lecho en el que dormía uno de los ancianos, han añadido las fuentes.

Los policías de la investigación estuvieron anoche en el inmueble siniestrado, situado en el número 98 de la calle Marqués de Nervión, aunque la falta de luz les impidió realizar una revisión exhaustiva de las habitaciones, por lo que han vuelto por la mañana y han adelantado estas dos posibles causas.

El incendio ha provocado la muerte de seis ancianos -cuatro mujeres y dos hombres- mientras que otros siete continúan ingresados en tres hospitales sevillanos.

Por otra parte, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha emitido un comunicado en el que afirma que el geriátrico tiene una resolución de autorización previa de creación concedida por la Junta de Andalucía en mayo de 2002 y otra resolución de funcionamiento desde febrero de 2006 con una capacidad de 22 plazas.

La última intervención inspectora a este centro se hizo en septiembre de 2009 por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social, en la que se le notificó que, aunque disponía de todas las medidas de seguridad, debía adecuarse a los criterios establecidos en el Real Decreto sobre Norma Básica de Autoprotección de los Centros 393/2007.

Estaba previsto que el próximo marzo una nueva inspección comprobase la adecuación a esa normativa, según la consejería.

La Junta afirma que verificó que el centro cumplía con toda la normativa en materia de accesibilidad, térmica, acústica, medidas contra incendios, plan de evacuación y emergencias y las específicas de los Servicios Sociales de Andalucía, y que contaba con la ratio de personal legalmente exigible para estas residencias.