Las 25.000 enfermeras de la sanidad pública andaluza ya están prescribiendo medicamentos y productos sanitarios. Desde ayer. Tras la publicación en el BOJA el pasado 6 de agosto del decreto que define la actuación de este colectivo profesional en el ámbito de la prestación farmacéutica, a comienzos de septiembre se puso en marcha un plan de formación específico. Ya han llegado 67.000 talonarios a los centros. Y, como ocurre con la receta médica, la Junta fomentará con incentivos retributivos la adecuación de la receta enfermera a la pauta de indicar medicamentos por principio activo y no por marca.

De este modo, la Administración sanitaria se asegura de que, cuando un profesional de la Enfermería indique un medicamento, la oficina de farmacia va a servir la más barata de las versiones disponibles. Ninguno de los fármacos incluidos en el catálogo de la prescripción enfermera andaluza requiere receta médica. Sin embargo, esta nueva prerrogativa profesional no carece de sentido: refuerza el respaldo a las competencias de este colectivo y pone en sus manos la gestión de una parte del presupuesto farmacéutico, dado que, en puridad, una receta del SAS es un cheque, por el precio total o parcial del medicamento, con el que el paciente va a la farmacia para canjearlo por medicinas. Según recordó ayer en comisión parlamentaria la consejera de Salud, María Jesús Montero, son 96 medicamentos con 400 presentaciones diferentes los incluidos en el catálogo de la prescripción enfermera. Además, la Enfermería indicará asimismo los productos sanitarios que ya maneja habitualmente, como vendas o pañales de incontinencia.

En cuanto esté lista la aplicación informática que haga posible la incorporación de la Enfermería a la receta electrónica, ése será el canal fundamental para ejercer su nuevo papel (Andalucía es la primera comunidad que se lanza a ello, sin esperar a la modificación efectiva de la norma estatal de referencia, la Ley del Medicamento) en la gestión de la prestación farmacéutica pública.

La Junta, y así lo volvió a explicar ayer la consejera, entiende las nuevas prerrogativas en un contexto "de colaboración". "No se trata de afirmar la identidad de una profesión a costa de la de otra", dijo Montero. De hecho, una parte del decreto que regula estas funciones es la referente a la prescripción colaborativa, el seguimiento de los tratamientos indicados por médicos con posibilidad de modificarlos en función de protocolos preestablecidos. Una realidad común en cualquier planta de hospital pero que, antes de esta norma, estaba en el limbo legal, colocando a la Enfermería en una situación de un más o menos teórico riesgo jurídico.