Algo más del 4% de la población andaluza habita en una vivienda de la Junta de Andalucía. La Administración calcula que son unas 350.000 personas las que tienen su hogar en uno de los 84.343 inmuebles incluidos en el parque público que gestiona la Consejería de Fomento y Vivienda, 46.925 de los cuales están otorgados en régimen de alquiler para familias con ingresos reducidos. "Cumplimos así con una función social de primer orden", apunta Felipe López. Pero para ello es necesario que el departamento que lidera realice una labor de control para verificar que los beneficiarios de estas viviendas cumplen con los requisitos estipulados y no hacen un uso irregular de las mismas.

Con ese objetivo, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que es la entidad que gestiona las viviendas de titularidad autonómica, puso en marcha un plan de verificación de los inmuebles arrendados a estas personas con dificultades. Hasta 2013 esta labor se hacía con el apoyo de una empresa externa y desde entonces la labor de control quedó algo estancada. Con el comienzo de la legislatura Fomento asumió plenamente las tareas de verificación y desde entonces los técnicos de la AVRA han detectado irregularidades en el 8,5% de las visitas.

Es decir, 3.043 de los adjudicatarios incumplían algún requisito. Entre esas faltas, destaca el hecho de no tener la vivienda adjudicada como residencia habitual y permanente o darle un uso distinto al residencial. También se han detectado casos de personas que ocupaban viviendas otorgadas a familiares ya fallecidos o cuya situación económica había mejorado lo suficiente como para dejar de cumplir los requisitos para optar a un piso público. Incluso se detectaron casos de ocupaciones irregulares de viviendas de la Junta por parte de usuarios que carecían del título que los acredita como usuarios.

Tras la verificación, Fomento emprende los procedimientos administrativos necesarios para recuperar la vivienda o, si es posible, regularizar a sus ocupantes. Fuentes de la Consejería apuntan que el objetivo principal de la iniciativa es "ofrecer una alternativa a familias que necesitan una vivienda y la demandan por los cauces legalmente establecidos". Cuando se encuentran casos que no se atienen a la legalidad, las acciones de Fomento suelen recibir el apoyo del estamento judicial con sentencias favorables. Lo que sí rechaza de pleno el consejero es que se hayan producido desahucios en los inmuebles de la AVRA. "Lo que hemos hecho es retirar a personas que ocupaban las viviendas ilegítimamente", apostilla López.

Eso ha sido posible, entre otras razones, a los 35.801 controles realizados por los técnicos de Fomento desde que comenzó la legislatura, la mayoría en 2016. Esto significa que la adjudicación del 76% de las viviendas que la Junta tiene en alquiler ha sido verificada. La cifra debe alcanzar el 90% a final de este año. La intención de la Administración es que a partir de 2017, una vez que se haya inspeccionado el parque público al completo, la situación de los inmuebles se actualice de forma anual.

Así, consideran en el departamento que lidera López podrán agilizar el proceso de cesión de pisos a las personas que lo necesiten y cumplir con la función social. Entre enero y agosto 651 familias han entrado en viviendas sociales de la Junta, a las que acceden por un alquiler de 33 euros mensuales de media. Sin embargo, la mayoría de estos inquilinos pagan rentas que oscilan entre los ocho y los doce euros y son algunas de construcción más reciente las que suben el coste medio del alquiler.

Si los adjudicatarios no pueden pagar la cantidad estipulada -y esto también se pone de manifiesto en las verificaciones de los técnicos de la AVRA-, la Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en marcha una serie de medidas que permiten minorar o aplazar los pagos del alquiler. En 2016 han sido 581 familias las que se han beneficiado de estas iniciativas, que han tenido un coste de 623.000 euros para la Administración.