La Junta renueva su legislación en materia de discapacidad con la aprobación del proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las personas con Discapacidad en Andalucía. El Consejo de Gobierno aprovechó su primera reunión tras el parón estival para refrendar esta norma de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que busca fomentar el acceso de las personas con algún tipo de discapacidad a la formación y al empleo. 

Además del plan de empleabilidad "abierto" y con enfoque de género, tal y como lo definió la consejera María José Sánchez Rubio, destaca la fijación de una reserva del 5% del importe anual de toda la contratación pública de la Junta a favor de los centros especiales de empleo, que son las empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad. También se establece un bloqueo del 3% de plazas para discapacitados en las bolsas de trabajo temporal de la Junta. En el ámbito de la empresa privada, la norma crea bonificaciones para aquellas empresas que tengan en plantilla a un número de discapacitados mayor que el que establece la ley estatal. 

El acceso a la formación para el empleo es otra de las novedades del texto. Los más de 700.000 discapacitados que viven en Andalucía tienen un 3% de las plazas reservadas en los cursos de formación para el empleo que organice la Administración autonómica. Esta cifra crece hasta el 5% en el programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo. Ambas medidas buscan facilitar la "realización personal" de los discapacitados y favorecer su "transición a la vida adulta". Según explicó Sánchez Rubio, las familias con algún miembro con discapacidad -el 22% de los hogares andaluces-, viven uno de sus momentos más delicados con su entrada en el mercado laboral, a partir de los 21 años. 

El proyecto de ley, que debe comenzar ahora el trámite legislativo en el Parlamento, supone la actualización de la norma andaluza de 1999 a la estatal, a la ley de dependencia y a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, la consejera destacó que el modelo pasa de ser "médico-rehabilitador" a otro más amplio que tiene en cuenta el entorno de las personas afectadas y sus circunstancias personales. 

En el ámbito educacional, el texto garantiza el acceso de los alumnos con discapacidad a todas las actividades -especialmente las de carácter lúdico- que se realicen en los centros. En el plano del turismo, la cultura y el ocio destacan las bonificaciones que recibirán los discapacitados para poder acceder, por ejemplo, a hoteles y otros alojamientos con plena accesibilidad aunque su precio sea elevado. Los avances en materia de accesibilidad superan el concepto clásico de eliminación de barreras arquitectónicas y lo hacen extensivo, por ejemplo, hacia la administración y los trámites burocráticos que pueden hacerse a través de la red. 

El mencionado enfoque de género presente en el plan de empleabilidad que debe aprobarse con la ley también está implícito en el resto del texto. Merece especial atención el fomento del acceso de las mujeres discapacitadas a la atención médica en ámbitos como la ginecología y la lucha contra la violencia de género de sectores doblemente vulnerables por sufrir enfermedades como la sordera. Para todo ello, la Junta pretende invertir hasta 1.300 millones de euros anuales, según contempla la memoria económica de la ley.