Era la primera vez que José Antonio Viera declaraba en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por los ERE, después de haber prestado declaración ante el Tribunal Supremo en abril de 2015 cuando aún mantenía la condición de aforado. El ex consejero de Empleo compareció ayer por espacio de 25 minutos ante la juez María Núñez Bolaños, a la que negó que tuviera una intervención directa en el ERE de la empresa Egmasa, que ascendió a más de 21 millones, y alegó que la competencia para la concesión de la misma era del entonces director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero.

En su comparecencia Viera explicó que no tuvo conocimiento de la ayuda para la prejubilación de 373 trabajadores de la extinta Egmasa (a la que sucedió la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía) que se llevó a cabo en 2003. En el auto de imputación, la juez Bolaños consideró que la ayuda se dio con su el "conocimiento y consentimiento", dado que además de consejero era presidente del IFA.

Sin embargo, Viera dijo a la instructora que no participó en este expediente, porque sólo tenía conocimiento de las mismas cuando se trataba de ayudas de importancia, como las que se otorgaron a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva o Santana Motor, que eran de "conocimiento general", precisaron fuentes del caso.

Viera, que está imputado por delitos de prevaricación y malversación, sólo respondió a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, a la que llegó a explicar incluso que se ha enterado ahora del importe total de la ayuda y subrayó que tampoco sabía que existiera un conflicto en Egmasa. Ni siquiera recuerda que se diera cuenta de la subvención en la reuniones del consejo rector del IFA, entidad que presidía.

La juez Bolaños también tomó ayer declaración a otros cinco investigados por el ERE de Egmasa, entre ellos el ex viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales Juan Jesús Jiménez Martín, que fue directivo de Egmasa.

Por la ayuda de Egmasa han sido imputadas 16 personas, muchas de los cuales ya figuraban como imputadas con anterioridad en el causa, y entre ellas se encuentran de los dos ex consejeros, los ex directores de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el representante sindical Antonio Márquez García.

Estas 16 personas están siendo investigadas por su posible responsabilidad en un "presunto desvío de fondos públicos de la Junta de Andalucía" mediante su entrega a la empresa Egmasa para la financiación de su plan de prejubilaciones derivado de la aprobación del ERE de 2003, precisa el auto, que recuerda que el ERE se presentó el 30 de junio de ese año para la extinción de 373 puestos de trabajo por "causas productivas y organizativas, basadas en la necesidad de renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño de su trabajo dentro del plan Infoca", de lucha contra incendios.

Todos los trabajadores incluidos en el ERE habían trabajado en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural (PER), y tras cesar pasaron a recibir prestaciones por desempleos o subsidios para mayores de 52 años, siendo entonces "recolocados en Egmasa".