La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE, ha citado a declarar el próximo día 21 de este mes al ex director general de Trabajo Javier Guerrero y a dos interventores de la Junta, Manuel Gómez y Rocío Marcos.La citación de Guerrero se produce tras la petición del propio imputado, que el pasado 10 de septiembre solicitó a la juez comparecer de forma voluntaria, al considerar que se ha levantado el "secreto sumarial encubierto" que a su juicio existía en esta macrocausa con la anterior instructora, Mercedes Alaya. En su escrito, Guerrero explicaba que, tras la segunda citación a declarar, el ex alto cargo se acogió a su derecho constitucional a no declarar por consejo de su abogado, Fernando de Pablo, "toda vez que en las presentes diligencias se ha venido padeciendo una especie de secreto sumarial encubierto, al no contar la defensa con toda la documentación que venían manejando los investigadores".

El escrito de Guerrero, que no menciona expresamente a la juez Alaya, señala que "la falta de acceso a la documentación y los criterios por los que la Unidad Central Operativa (UCO) manejaba esa información, han constituido una continua indefensión para esta parte, lo que ha provocado la actitud de guardar silencio". Pero ahora que se cuenta con las "garantías que, a día de hoy se han autorizado, como es la utilización de medios audiovisuales que garanticen el fiel reflejo" de la declaración es por ello que solicita la comparecencia voluntaria. "Siempre ha sido deseo del señor Guerrero colaborar al esclarecimiento de los hechos, pero en un clima de apertura en la investigación que no suponga vetos en determinadas líneas, desinterés en otras e inquisitorial en las más", concluyó la defensa.

Por su parte, las declaraciones de los dos interventores generales de la Junta Manuel Gómez -que está imputado- y de Rocío Marcos se produce después de que la Audiencia de Sevilla revocara una decisión de la juez Alaya y accediese a la práctica de una serie de pruebas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. La Sección Séptima de la Audiencia consideró pertinente la petición de Fiscalía sobre una nueva declaración de los interventores Manuel Gómez Martínez y de Rocío Marcos Ortiz, que ostentó igual cargo, por su interés para precisar el concreto alcance que los mismos tuvieron (en referencia a las memorias de control financiero e informes adicionales elaborados por esa Intervención General) y en particular, "si derivó en instrucciones concretas al interventor de control financiero permanente y si se mantuvieron reuniones con los centros directivos afectados o con personal de la propia Consejería de Hacienda". Todo ello, según el auto, "en determinación de los presuntos responsables de los hechos que se investigan".

Los magistrados de la Sección Séptima -la misma en la que actualmente está destinada ahora la propia juez Mercedes Alaya mientras se resuelve su futura comisión de servicio-, también accedieron, en contra del criterio de Alaya, a que se aporten, por considerarlo de utilidad para la instrucción de la macrocausa, todas las agendas en el periodo 2000-2011 de una decena de imputados, la mayoría ex altos cargos: la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex interventor general Manuel Gómez Martínez, los ex viceconsejeros Agustín Barberá Salvador y Justo Mañas Alcón, los tres ex directores general de Trabajo -Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez-, del ex diputado del PSOE y ex asesor de Empleo Ramón Díaz Alcaraz, del ex jefe de servicio de la dirección general de Trabajo Antonio Diz-Lois Ruiz, de la asesora María José Rofa Vega, y del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas Sánchez.

El tribunal subraya que la práctica de esta diligencia es de utilidad y "podría ayudar al esclarecimiento de los hechos investigados", precisa el auto. La Audiencia también acordó la declaración como “testigos-peritos” del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas. Los magistrados sostienen sobre lazdeclaración de los integrantes del equipo de fiscalización que el hecho de que "una pericia haya sido elaborada sin haber sido acordada por el órgano jurisdiccional no es en principio razón para no judicializarla como prueba trayéndola al proceso a través de la declaración de los peritos, puesto que la pericia prueba personal es y solamente de esa forma podría surtir en la causa los efectos aludidos en el inciso final de la argumentación".

Además, la Sala admite otras diligencias solicitadas por la Fiscalía, como el libramiento de un oficio a la Agencia Tributaria para que facilite información sobre el estado en el que se encuentran los "informes de delito contra la Hacienda Pública imputados en la presente causa".