La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha acelerado la tramitación del recurso de la Fiscalía Anticorrupción en el que ha planteado la división en piezas de la macrocausa de los ERE, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En una providencia, la Audiencia de Sevilla ha explicado que "antes de darse un señalamiento conforme al turno existente, dada la relevancia del asunto objeto de debate se analizarán los autos por si fuera posible una rápida resolución del recurso con el menor perjuicio para los señalamientos ya acordados".

En este sentido, los magistrados solicitan a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Ángeles Núñez Bolaños, que remita testimonio de su resolución como respuesta al escrito de la Fiscalía Anticorrupción del pasado 18 de junio.

En ese escrito, la Fiscalía Anticorrupción reclamó a la juez Bolaños que divida en piezas la macrocausa de los ERE fraudulentos, una petición que había reiterado en varias ocasiones anteriores a la juez Mercedes Alaya, que siempre se opuso a la medida a pesar de que incluso la plantearon el TSJA y el Tribunal Supremo.

La Fiscalía solicitó la separación en tres grandes bloques la instrucción: una con el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE, otra sobre las sobrecomisiones que se abonaron en relación con las pólizas y una tercera que incluye más de 200 piezas, una por cada una de las empresas investigadas.

Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra justificaron esta nueva petición para "dar cumplimiento a la misión encomendada" al Ministerio Público y por ello entendían "procedente someter de nuevo a la consideración de la magistrada" la formación en la presente causa de piezas separadas de enjuiciamiento, tal y como pidió por última vez el pasado 25 de noviembre de 2014, tras el auto del TSJA dictado el pasado 27 de abril de 2015 por el que devolvió al juzgado de Sevilla la causa contra abierta contra cuatro ex consejeros que han perdido su condición de aforados -Manuel Recio, Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, y Francisco Vallejo-. Decían los fiscales que los argumentos contenidos en el auto "cobran de nuevo más fuerza" tras una sentencia del Tribunal Supremo sobre la conveniencia de la formación de piezas separadas en un caso de Valencia.

Ésta es la cuarta ocasión, según la Fiscalía, en la que planteaba la división de la causa de los ERE. La Fiscalía opina que desgajar de la pieza del procedimiento específico las consecuencias de su utilización en un periodo dilatado de tiempo "no supone renunciar al acervo de indicios o principios de prueba que los singulares expedientes de ayudas supone; más bien se trata de proponer la persecución y condena, en su caso, en piezas separadas de todos los que hayan contribuido conscientemente al presunto menoscabo de los fondos públicos de la Junta de Andalucía".

En cuanto a las piezas de las sobrecomisiones, señala que las mismas derivan del hecho puesto de manifiesto en el estudios de las pólizas de rentas y de capital -no sólo en ayudas sociolaborales sino "encubriendo ayudas directas empresas (Aglomerados Morell), pagos de compromisos asumidos (FCC y Cespa) o directamente pagos de deudas previas de empresas (comercial Dhull)- de importes de primas pagados por la Junta de Andalucía muy superiores al precio de mercado de éstas".

El tercer bloque de piezas incluirá a su vez más de 200, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas, y son "piezas con relevancia penal pues los perceptores de las ayudas se han visto beneficiados de cantidades de dinero procedentes de fondos de la Junta de Andalucía sin sujeción a procedimiento alguno, u obviando los más elementales principios de publicidad, eficiencia y justicia social en la utilización de los fondos públicos en materia de empleo y ayudas a empresas en crisis de la Junta de Andalucía".

El interés de la Fiscalía consiste en adoptar las medidas que "permitan asegurar no sólo que se pueda perseguir a los presuntos autores de los mismos, no dejando que sus conductas puedan quedar impunes sino recuperar la máxima cantidad de dinero presuntamente malversado", asevera Anticorrupción en su escrito.

"La preocupación de esta Fiscalía es precisamente conseguir que estos pronunciamientos se puedan dar en fase de enjuiciamiento evitando la impunidad de conductas y que se pueda recuperar en sentencia los fondos presuntamente malversados, no sólo acudiendo al patrimonio de los concedentes sino también al de los perceptores de los mismos, en su caso", concluía el Ministerio Fiscal.