Andalucía

Podemos no consultará a sus bases sobre la investidura porque no es un pacto de gobierno

  • Teresa Rodríguez ha pedido a Susana Díaz a cambio de su apoyo la dimisión de Chaves y Griñán y paralizar los desahucios "sin alternativa habitacional".

Podemos no consultará a sus inscritos en Andalucía sobre la postura que adoptará en el debate de investidura de la candidata del PSOE, Susana Díaz, a la Presidencia la Junta, ya que su sentido del voto, ya sea el no, el sí o la abstención, no representa ningún pacto de gobierno, según han explicado fuentes de Podemos. La candidata de Podemos a presidir la Junta, Teresa Rodríguez, mantuvo el jueves su primer encuentro con Díaz, dentro de la ronda de contactos que la actual presidenta andaluza ha iniciado con todos los partidos para posibilitar su investidura.

La nueva composición del Parlamento, el más fragmentado de la historia con cinco grupos políticos (PSOE-A con 47 escaños, PP-A con 33, Podemos con 15, Ciudadanos con 9 e IULV-CA con 5), provoca que Díaz necesite sumar a los 47 diputados del PSOE-A el apoyo de al menos ocho parlamentarios para alcanzar la mayoría absoluta en primera votación (55 escaños) y la abstención de uno o varios grupos -según su tamaño- para obtener la mayoría simple en sucesivas votaciones.

El voto de los 15 diputados de Podemos es decisivo en diferentes escenarios. Por ejemplo, en el caso de que el PP decida finalmente votar en contra de la investidura de Díaz, si la formación de Pablo Iglesias decidiera sumarse al no, en lugar de abstenerse o apoyarla, el PSOE necesitaría sumar al menos el apoyo de otro grupo parlamentario -IU o Ciudadanos- para superar por mayoría simple ese rechazo. Si Díaz no logra sacar adelante su investidura como presidenta de la Junta en sucesivas votaciones durante dos meses, Andalucía se vería abocada a celebrar nuevas elecciones autonómicas en septiembre, según los plazos que establecen el Estatuto de Autonomía, la Ley del Gobierno de Andalucía y el Reglamento del Parlamento.

Para conseguir que Podemos permita la investidura de Díaz, el PSOE deberá comprometerse a aplicar una serie de medidas que la líder de Podemos en la Comunidad ya trasladó a la presidenta este jueves, y entre las que se incluyen, por ejemplo, la dimisión de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, o paralizar los desahucios "sin alternativa habitacional". En el caso de que el PSOE acepte este paquete de medidas, Podemos ha asegurado que permitirá la investidura de Díaz, ya sea con un voto afirmativo o absteniéndose, y lo hará sin someter esta decisión a las bases del partido en la Comunidad, al no conllevar este acuerdo ninguna contraprestación en términos de entrar a formar parte del Gobierno andaluz.

Según los estatutos de Podemos aprobados en otoño, es competencia de la asamblea territorial -es decir, todos los inscritos de la formación en el censo de la Comunidad- "aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o post electoral para las instituciones de representación de ese orden territorial". Así lo señalaron los diferentes dirigentes de la formación durante la campaña y la precampaña, al ser preguntados sobre la postura que adoptarían en el caso de que ningún partido consiguiera mayoría absoluta. No obstante, desde la formación aclaran ahora que el tipo de acuerdo que se suscribiría entre el PSOE y Podemos para facilitar la investidura no se enmarca dentro de los "pactos postelectorales" mencionados en los estatutos, ya que no se trata de un pacto de Gobierno, como el que alcanzaron PSOE e IU en los pasados comicios autonómicos.

Así lo ha puesto de manifiesto el responsable de participación de Podemos, Miguel Ardanuy, durante un encuentro para presentar el último mecanismo participativo puesto en marcha por la formación, que permitirá a los simpatizantes lanzar propuestas para que, en el caso de pasar los correspondientes filtros, puedan ser votadas en un referéndum vinculante. "Los estatutos son claros. Todo pacto pre o post electoral tiene que se consultado", ha señalado, para añadir que, independientemente de que el acuerdo necesite ser sometido o no a referéndum, los dirigentes y representantes de Podemos siempre tienen en cuenta las opiniones que las bases vierten cada día en las diferentes plataformas de participación del partido, como Plaza Podemos. 

Nuevo mecanismo de participación

El último de estos mecanismos puestos en marcha, llamado Iniciativas Ciudadanas Podemos (ICP), pretende ir un paso más allá y posibilitar que las propuestas plasmadas en Plaza Podemos que reciban un determinado número de apoyos puedan seguir adelante y llegar a ser votadas en una consulta vinculante. Para que pasen el primer filtro, es decir, que sean publicadas, necesitará recabar el voto positivo de un 0,2% del censo (en estos momentos, unas 700 personas de las casi 360.000 que están inscritas en el censo).

Una vez en la web, necesitarán ser apoyadas por un 10% de los inscritos en un plazo de tres meses para que se celebre ese referéndum vinculante. Cuando hayan conseguido un 2%, el partido se encargará además de difundir la propuesta vía email entre los inscritos para darles más visibilidad, según ha explicado durante la presentación Pablo Soto, miembro del equipo de participación, y conocido activista por los derechos de los usuarios de Internet y el software libre. Antes de llevar a cabo la votación final, en el caso de las propuestas que hayan superado ese 10% de apoyos, la organización pondrá en marcha un grupo de trabajo junto con los autores de la iniciativa, que se encargará de desarrollar la propuesta, en el plazo de un mes. Si no hay acuerdo entre la propuesta inicial y el grupo de trabajo, se someterán a votación las dos versiones. Finalmente, se llevará a cabo la votación, a través de la plataforma Agora Voting.

Preguntados sobre las diferentes polémicas surgidas los últimos meses en relación al censo de inscritos de Podemos, y sobre el grado de fiabilidad de las votaciones telemáticas, el también colaborador de Podemos y miembro de LaboDemo, Miguel Arana, ha explicado que son conscientes de que el sistema "no es totalmente seguro", pero sí lo suficiente para no comprometer la legitimidad de las votaciones y para que "el número de posibles incidencias sea despreciable". Según ha argumentado, un sistema seguro al 100% haría que la participación en las consultas fuera "totalmente ridículas". "Participaría muy poca gente porque el Gobierno no ha decidido implantar sistemas que faciliten este tipo de mecanismos", ha criticado, para añadir que por ello han optado por un "sistema intermedio", que de momento no tienen intención de reformar ni sustituir por otro.

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