Andalucía

El PP se persona en el fraude de la formación y lo cifra en 254 millones de euros

  • Los populares elevan por encima de los 500 millones el dinero pendiente de reintegro en las arcas andaluzas por los sucesivos "escándalos" que afectan a la Junta, como los ERE

El presidente del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunció ayer que su organización se ha personado en el fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía que investiga la Justicia. Además, los populares cifraron en 294 millones los reintegros que debería percibir por esta causa la Administración autonómica, del total de más de 500 millones en que cifraron las cantidades a abonar por los responsables de distintos casos de presunta corrupción como los ERE o las facturas falsas de UGT.

Fue el presidente del partido en Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien en una entrevista con Efe explicó que se han personado como acusación popular "ante la incapacidad de la Junta" para que los andaluces conozcan todos los procedimientos que se han hecho a lo largo de los últimos años. Este sumario lo instruye la juez Mercedes Alaya y en él están imputados dos ex consejeros socialistas andaluces, Antonio Fernández y Ángel Ojeda. También lo hacen, según Moreno, "para saber dónde han ido a parar los cientos, miles de millones de euros, y quiénes son los responsables de ese desfalco al erario público y qué se ha hecho con esas irregularidades por parte de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía".

En una rueda deprensa fue el portavoz de Economía del PP, Rafael Carmona, quien puso cifras a estos casos. Carmona estimó que el dinero pendiente de reintegro en las arcas andaluzas por los sucesivos "escándalos" que ha supuesto la "mala gestión" de los fondos públicos en la Junta supera los 500 millones de euros y que, en concreto, en lo que respecta al caso de los fondos para cursos de formación, la cifra puede llegar hasta los 254 millones.

Esos 500 millones que estarían pendientes de reintegro a día de hoy serían por los casos de los ERE, de los fondos de formación y de las ayudas concedidas tanto a sindicatos como a autónomos.

Para Carmona, el hecho de que se tengan que reintegrar a las arcas públicas más de 500 millones de euros pone de manifiesto una "mala gestión" en la Junta del dinero público y una "decisión política del PSOE-A" de no controlarlo.

El dirigente popular explicó que su partido ha presentado una enmienda al apartado del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces de 2015 relativo a ingresos por reintegro de pagos indebidos, que en el texto está cuantificado en 329 millones de euros y que el PP-A propone elevar en 117 millones, lo que arrojaría una cifra total de 446 millones.

Carmona denunció que la Junta no está haciendo nada por recobrar el dinero que ha sido defraudado. Según informó, en el presupuesto de 2013 se incluyeron 154 millones de euros como ingresos por reintegro de pagos indebidos y sólo se recaudaron 31, mientras que en 2010 se presupuestaron 121 y se recuperaron 93 millones.

En cuanto al caso de los fondos para cursos de formación, el dirigente popular manifestó que si la Junta ya reclama el reintegro de 20,8 millones de euros en virtud de 669 expedientes, teniendo en cuenta que el número de expedientes que será objeto de revisión asciende a 8.505, con una sencilla "regla de tres" se puede estimar que la cantidad que finalmente se reclame ascienda a 254 millones.

La Junta de Andalucía reclama a día de hoy 20,8 millones de euros por subvenciones concedidas para cursos de formación para el empleo cuya utilización no ha sido debidamente justificada.

La investigación interna que acomete el departamento de Educación ha revisado 6.860 de los 8.505 expedientes que le trasladó el Servicio Andaluz de Empleo. De éstos, 669, casi un 10%, ya tienen una propuesta definitiva de reintegro. Otros 4.440 están aún en fase de tramitación y habrá que esperar a la resolución de los técnicos. Y otros 1.751 han salido sanos, es decir, se han justificado correctamente y se han remitido a la Intervención General para su fiscalización, liquidación y abono, según los datos facilitados el jueves por el consejero Luciano Alonso.

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