Andalucía

La Guardia Civil no puede concretar si se han manipulado archivos en un 'pendrive' entregado a un abogado de los ERE

  • La defensa de un ex alto cargo pidió a la juez Alaya que se practicaran estas comprobaciones para decidir sobre la licitud y posible admisión de los documentos aportados.

La Guardia Civil ha informado a la juez Alaya, que instruye la causa por el escándalo de los ERE fraudulentos, que no puede concretar si se han manipulados archivos del pendrive aportado en mayo pasado por el abogado de la ex asesora de la Consejería de Empleo e imputada en el caso María José Rofa y que el letrado aseguró que recibió de forma anónima en su antiguo despacho profesional.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha remitido un oficio a la juez en el que explica que al no disponer de los archivos originales “no es posible saber qué archivos han sido manipulados, en el sentido de suprimir extremos que estuviesen contenidos en los expedientes originales o añadir a los mismos”.

La juez Alaya dictó el pasado 30 de julio un auto en el que estimaba un recurso presentado por otro de los imputados, el ex director general de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera, quien solicitó a la instructora que se investigara cómo había llegado ese pendrive -serigrafiado con el nombre de la Junta de Andalucía y que contenía información relativa a otros expedientes de ayudas- al abogado de María José Rofa.

El lápiz óptico fue entregado en mayo pasado por el letrado Ignacio de Loyola Rivas, quien aseguró que en la dirección donde antiguamente tenía ubicado su despacho profesional, en la localidad de Bollullos Par del Condado (Huelva), recibió por correo un sobre de color blanco, sin distintivo ni remitente, en cuyo interior iba este dispositivo electrónico.

La juez consideró entonces que el pendrive podía contener "archivos y documentos relevantes para la presente causa", en especial sobre el papel desempeñado por la dirección General de Trabajo y de la Agencia Idea en el pago de las ayudas a terceros haciendo uso de los fondos públicos recibidos mediante las transferencias de financiación. Por ello, Alaya ordenó a la UCO que procedieran al desprecintado y volcado de la información que contenía este soporte informático y que, a continuación, se procediera a investigar la documentación contenida.

Ahora la Guardia Civil ha respondido a la juez que los metadatos que incluye un archivo informático pueden ofrecer información sobre la fecha de creación, modificación y la última vez que fue guardado el archivo, o quién lo editó por última vez, “pero no refleja ninguna información sobre el contenido que se haya podido añadir o borrar a un archivo concreto”. Además, según los expertos de la Guardia Civil, toda esta información es “manipulable, es decir, que se puede eliminar, añadir o modificar para que muestre solamente lo que el autor del documento quiere que se vea, pero no afecta al contenido del archivo”.

Los investigadores concluyen igualmente en que no es posible saber desde qué dispositivo informático se han transferido los archivos al pendrive y, por lo tanto, tampoco se puede detectar el origen de los archivos existentes en este lápiz óptico. Dice la Guardia Civil que se podría saber los pendrives que se han instalado en un ordenador en concreto, pero no a la inversa, y tampoco se podría determinar qué archivos han sido transferidos desde el soporte informático al pendrive, “únicamente se podría decir que ha sido instalado”.

Alaya también pidió requirió al abogado de María José Rofa para que, en el caso de "obre aún en su poder", entregue al juzgado el sobre sin distintivo ni remitente que contenía el pendrive y que recibió en su despacho.

La defensa del ex director de Trabajo cuestionó la "extraña forma" en que el letrado de María José Rofa "afirma que se le hizo llegar el pendrive". El ex alto cargo pidió que se llevaran a cabo estas comprobaciones con el objetivo de llegar a unas conclusiones "que permitan acordar sobre la licitud y admisibilidad como medio de prueba del contenido del citado pendrive".

Por su parte, el abogado de María José Rofa dijo en su comparecencia cuando entregó la documentación que, en un primer momento, pensó que se trataba de "publicidad sobre cursos", pero al abrir los archivos informáticos observó que aparecía expedientes relativos a la investigación del escándalo de los ERE, desconociendo el origen del archivo informático.

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