Andalucía

Los alcaldes del PP tienen hasta un mes para decidir si continúan como diputados

  • El Parlamento andaluz ejecutará la sentencia dictada por el TC que desestima el recurso del Gobierno central contra la medida. El Ejecutivo de Rajoy solicita una aclaración al tribunal.

El Parlamento andaluz informó ayer de la inmediata ejecución de la incompatibilidad entre ser diputado y alcalde, una vez se conoció la pasada semana la desestimación del Tribunal Constitucional al recurso presentado por el Gobierno central contra la modificación de la Ley Electoral de Andalucía que en 2011 prohibió la acumulación de cargos públicos (alcalde, presidente de diputación y de mancomunidad).

El Gobierno central ha solicitado una aclaración al Tribunal Constitucional sobre esta sentencia, que afecta a seis de sus alcaldes-diputado. El séptimo es de Izquierda Unida, el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo.

Pero el Parlamento no esperará a esa aclaración, en la que se habían refugiado algunos de los regidores. En un tiempo récord inaudito en otro tipo de peticiones, los servicios jurídicos del Parlamento han elaborado un informe en el que consideran que esa aclaración "no puede ser utilizada para variar el contenido de la sentencia" y por ello consideran que el Parlamento debe ejecutar la sentencia. A la espera de que se publique la sentencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al día siguiente se abrirá un plazo de 28 días como máximo para que los afectados opten entre un cargo u otro.

Así lo ha anunció ayer el presidente del Parlamento, el socialista Manuel Gracia, en la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento andaluz, tras ser interpelado sobre esta cuestión por el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Mario Jiménez.

Gracia dio cuenta del informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara, en concreto, por el letrado Plácido Fernández-Viagas.

En este informe, el letrado entiende que desde la publicación de la sentencia en el BOE la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlamento deberá elevar al Pleno "la propuesta sobre incompatibilidad del parlamentario concreto que incidiera en la misma", si bien en dicho plazo cabe "perfectamente regularizar cada situación mediante el ejercicio de la correspondiente opción", esto es, que el afectado deje uno u otro cargo antes de esos 20 días.

Declarada y señalada la incompatibilidad por el Pleno, si algún alcalde-diputado sigue sin aclarar su situación, el afectado tendrá otros "ocho días para optar entre el escaño y el cargo incompatible" y, en caso contrario, se "entenderá que renuncia al escaño y la Mesa de la Cámara así lo declarará".

La única opción, entonces, para que uno de estos alcaldes siga como diputado es que la aclaración del Tribunal Constitucional al Gobierno central del PP sea muy explícita en otros plazos. El letrado señala a este respecto que, según doctrina reiterada del propio tribunal, "la solicitud de aclaración no constituye un medio de impugnación encaminado a la sustitución o revisión de la decisión adoptada, pues contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno".

"En consecuencia -prosigue-, la aclaración no puede ser utilizada para variar el contenido de la sentencia", según el informe jurídico del Parlamento, donde añade que, si hipotéticamente llegara a ocurrir, "habría de notificarse inmediatamente a la institución parlamentaria, en cuanto parte directamente interesada en el procedimiento". "Pero se trata de un supuesto excepcional que no puede ser considerado en este momento procedimental en el que se nos pide determinar las consecuencias de una sentencia concreta en sus propios términos", concluye el informe.

Algunos alcaldes del PP tienen decidido marcharse de la Cámara, como los de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, o el de Huelva, Pedro Rodríguez. El caso más llamativo e incierto es el de la secretaria general de los populares andaluces y alcaldesa de Valverde del Camino, Dolores López Gabarro. También hay dudas sobre el caso de Esperanza Oña, alcaldesa de Fuengirola. Los otros afectados por parte del PP son los regidores de Córdoba, José Antonio Nieto y el de La Mojonera, Francisco Cara.

La norma fue aprobada por el Parlamento andaluz en noviembre de 2011 para reformar la Ley Electoral de la comunidad y las otras normas que regulan el estatuto de los ex presidentes de la Junta y el régimen de incompatibilidades de los altos cargos. Contra la ley, el Gobierno central presentó, tras haber recibido el informe del Consejo de Estado favorable para ello, un recurso de inconstitucionalidad.

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