Vuelve la ley del silencio al caso de los ERE. Cinco ex altos cargos de la Junta se han acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, que les había citado a declarar tras ampliarles la imputación en el último auto en el que la instructora imputó a otras 20 personas.

Por el despacho de la magistrada han desfilado esta mañana el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler, los ex viceconsejeros de Empleo Justo Mañas Alcón y Agustín Barberá Salvador, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero Benítez. Ninguno de ellos ha prestado declaración, acogiéndose a su derecho a no declarar, y ni la Fiscalía ni ninguna de las acusaciones particulares ha solicitado nuevas medidas cautelares.

El ex consejero Martín Soler ha presentado un escrito en el que se desvincula de la ayuda a Avantia Ticsa, que fue concedida por la Consejería de Empleo el 15 de marzo de 2010 por importe de 450.000 euros con cargo a los fondos de la Consejería de Innovación. En el escrito, la defensa alega la "falta de participación" de Martín Soler en este expediente, por cuanto asegura que el mismo se inicia después de que fuera cesado como titular de Innovación. Martín Soler Márquez compareció ante la juez Alaya en junio pasado y también se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Al término de esa comparecencia ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de las acusaciones personadas en el proceso pidieron que se le impusiera una medida cautelar.

Otros dos imputados que estaban citados hoy no han acudido a la comparecencia: el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, por el reciente fallecimiento de su madre, y la directiva de Vitalia María Vaqué.

Las nuevas 20 imputaciones y las ampliaciones de imputaciones a los ex altos cargos se producen en relación con los ERE de las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén.

En la nueva relación de imputados figura el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, Antonio Lamela Cabrera, que ha sido citado a declarar el próximo jueves en relación con las ayudas concedidas el 17 de noviembre de 2011 por importe de 5.026.425,51 euros a Astilleros de Huelva, una subvención por la que en principio se abrió una pieza separada. Según Alaya, esta subvención excepcional fue pagada el 27 de diciembre, al margen de la orden de 1 de abril de 2011, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de ayudas sociolaborales.

La Intervención delegada en la Consejería de Empleo, precisa Alaya, emitió un reparo por la ausencia de aplicación de esa orden y exigió que se le diera al expediente la tramitación regulada en la misma o que se completara aquel con el informe jurídico que sustentara su inaplicabilidad. Ese informe, de fecha 15 de septiembre de 2011, fue elaborado por el jefe de la asesoría jurídica "a instancias del viceconsejero Justo Mañas" y siguiendo "indiciariamente las instrucciones políticas" de éste último, del que dependía jerárquicamente, sostiene la juez.

Alaya critica que el informe justifica la inaplicabilidad de la orden bajo el "peregrino argumento de que las subvenciones de la orden de abril de 2011 sólo pueden solicitarla los trabajadores, no las empresas, como sucedía en el caso de Astilleros".

Para la juez, el razonamiento era cuanto menos "paradójico", pues resultaba que la Consejería de Empleo había estado "más de diez años negando que la beneficiaria de las ayudas fuera la empresa, y ahora se esgrimía ese argumento para negar la aplicación de la normativa reguladora a una subvención, cuando disponía el artículo de la citada orden que será requisito necesario para poder acceder a las ayudas la superación de una fase preliminar y que la misma se iniciara a petición conjunta de la empresa y los trabajadores o sus representantes". Para Alaya, se "omitió deliberadamente" el procedimiento aplicable por la Consejería y el entonces consejero Manuel Recio dictó una orden favorable en la que se declara expresamente que de la ayuda de 5.026.425,51 euros serán beneficiarios "los trabajadores incluidos en el colectivo A, B y D recogidos en los anexos de la presente resolución".

Por los ERE de Hitemasa de 2001 y 2004, que afectaron a 191 trabajadores y acarrearon un coste de 32,2 millones, la juez ha imputado a otras 14 personas, entre ellas los que fueran presidentes del consejo de administración de la empresa Manuel Márquez Sáez y Antonio Moreno Tejón, a varios consejeros y a ocho intrusos.

En cuanto a Samec, Alaya ha imputado al gerente, Marcos Guerra Escobar, y a Rodolfo Verginella Colombin, administrador de hecho y apoderado de Samec.

La instructora ha imputado al jefe de personal de Primayor, Luis Sobrino, al director de Recursos Humanos, Felipe Monforte Hernández, y al director general, Ramón Portal María, y ha ampliado la imputación a otros ex altos cargos, como el ex consejero Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá o el ex director de Trabajo Javier Guerrero.