Andalucía

La UCO entrega a Alaya numerosos documentos para elevar al Supremo

  • Varios operarios descargaron ayer en los juzgados un camión con decenas de cajas que se han almacenado a la espera de la decisión

Todos los indicios apuntan a que cada vez está más cerca el día en que la juez Mercedes Alaya va a enviar al Tribunal Supremo la "exposición razonada" en el caso de los ERE fraudulentos. El último indicio, que se suma a las semanas que la juez lleva encerrada realizando el informe sobre los aforados, procede de la abundante documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha investigado los expedientes de las ayudas sufragadas con fondos públicos, remitió ayer al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Un camión cargado con numerosas cajas repletas de documentos fue descargado ayer por varios operarios en los juzgados de Sevilla. Había decenas de cajas con documentación en el vehículo, que fueron trasladadas para su almacenaje a unas dependencias que el decanato de los juzgados ha habilitado en la tercera planta de la sede judicial.

La Guardia Civil ha entregado todos estos documentos a la instructora en previsión de que Alaya decida si finalmente envía la causa al Tribunal Supremo y, además, lo hace con los más de 300.000 documentos que integran el voluminoso sumario, en el que hay ya 201 personas imputadas. Algunas fuentes apuntan, no obstante, que la magistrada después de haber solicitado a la Junta que le facilitara cajas para el transporte de los documentos sólo podría enviar la "exposición razonada" al Alto Tribunal y esperar a la resolución del mismo para ver si procede la remisión de la documentación completa.

Mientras Alaya ultima su informe sobre los aforados -que tendrá más de 300 folios-, la instructora sigue dando las últimas modificaciones al calendario de declaraciones de los últimos imputados. La instructora ha citado precisamente hoy a declarar al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, en relación con la firma del convenio por el que la Junta se comprometió a abonar 22 millones para los ex trabajadores de Altadis.

Según Alaya, el acuerdo que firmaron los sindicalistas con la compañía tabaquera suponía un auténtico "cheque en blanco" de los fondos públicos andaluces, que serían utilizados "discrecionalmente y sin control". La Junta se comprometió a abonar 26 millones pero al final del compromiso inicial se pasó a 34,4 millones, según los cálculos de la propia instructora.

Alaya también ha citado a declarar esta jornada al ex secretario general de Empleo Rafael Herrera Gil, y a la que fuera gerente de Promi, Cristina Ruiz Castillo.

La juez también había fijado para hoy la declaración del ex viceconsejero de Economía de la Junta José de Haro Bailón, pero al no haberle sido notificada el auto por el que se le imputa en la causa, la declaración ha sido aplazada hasta el próximo 30 de julio. Ese mismo día también declararán la sindicalista de UGT Banca Uruñuela Aguado, que también intervino en el ERE de Altadis, el directivo de A Novo Comlink José F. Pardo Fernández y Manuel Jiménez de Miguel. Sobre este último, Alaya precisó en el auto de su imputación que se trata de un trabajador que "sin prestar servicios efectivos para A Novo y por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla -era miembro de la agrupación socialista de Nervión-, sin mediar solicitud y sin requisito para ello, sería beneficiario de otra póliza especial" por la que se le garantizaban unas rentas mensuales entre 2008 y 2017 que oscilaban entre los 2.159 y los 9.221 euros, con un coste de prima total de 495.251,69 euros.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios