La Junta centra en las familias, y no en las empresas, las nuevas medidas para evitar el fraude fiscal. Por un lado, controlará en mayor medida quiénes reciben los beneficios públicos. Revisará no sólo la Renta, sino también el Patrimonio, de las familias que opten a exenciones en comedores escolares, viviendas protegidas, becas o ayudas por parto múltiple, entre aquellas que no sean de carácter universal en educación, sanidad y servicios sociales. Este plan para perseguir el "fraude social" lo anunció en mayo la entonces consejera de la Presidencia, Susana Díaz, en relación a la promesa de investidura de José Antonio Griñán como presidente de la Junta. Estas acciones tienen un fin más disuasorio que recaudatorio, aunque está sujeto a un régimen sancionador (de entre 75 y 6.000 euros) y las familias que perciban indebidamente estas ayudas tendrán que devolverlas.

Con un segundo paquete de medidas adicionales sí se espera recaudar "entre 30 y 40 millones", cifró ayer "con prudencia" la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno.

Se perseguirá que los contribuyentes no se beneficien indebidamente de menores tipos o reducciones en la base imponible en las sucesiones y donaciones, las transmisiones patrimoniales o los actos jurídicos documentados.

Por ejemplo, la Junta ha detectado donaciones de padres a hijos para la compra de vivienda habitual y que encubre en ocasiones la compra de la vivienda del propio ascendente. Con ello se desvirtúa la ayuda (reducción de la base imponible del impuesto de donaciones) y se elude el impuesto de sucesiones. En otras ocasiones, tras la operación se procede a la venta de la vivienda adquirida. La Junta exigirá que el inmueble adquirido sea la vivienda habitual del donatario al menos tres años.

La Junta también ha detectado fraudes en donaciones de dinero a familiares para la constitución de empresas o negocios (beneficiado con una reducción de la base imponible del impuesto para incentivar la creación de empleo) ya que, tras la operación, se transmite la empresa o se traslada fuera de la comunidad. Para evitarlo, la Junta exigirá la permanencia en la comunidad cinco años.

En sucesiones, la Junta quiere evitar las transferencias a última hora en casos de fallecimientos previsibles entre los herederos para eludir el pago de este impuesto. La Junta exigirá una acreditación bancaria y los movimientos de saldo en un año.

Andalucía, junto a Extremadura y Castilla y León, es una de las comunidades que más castiga las operaciones de sucesiones (herencias) y es de las que menos bonificaciones tiene en donaciones.

Todas estas medidas de control de los tributos propios (que representa un 1,5% de los ingresos de la Junta) serán efectivas antes de un año. La consejera no descartó que quede margen para luchar contra el fraude fiscal tras este anteproyecto de ley, que continúa la senda de un plan iniciado en 2012 por el que se han ingresado entre 200 y 220 millones, señaló Montero.

Esta acción coincide con el diseño de los Presupuestos para 2014 y la pugna entre los socios de Gobierno sobre la necesidad de modificar o crear nuevos impuestos para mejorar los ingresos.

Montero sentenció que no habrá subida de impuestos o "cualquier subida para 2014", en la línea de lo anunciado por la presidenta. El lunes el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, abrió la puerta a las demandas de IU y anunció que se "explorarían" nuevas tasas para la prestación de servicios públicos. CCOO ha avisado de que la Junta quiere empezar a cobrar por la acreditación de servicios profesionales.

Montero fue preguntada reiteradamente sobre las declaraciones de Jiménez Barrios y las pretensiones de IU. En todas las ocasiones la consejera aplazó el debate sobre impuestos a la primavera de 2014, cuando se decidirá de manera coordinada con el Gobierno la política fiscal, pero nunca de cara a los Presupuestos de 2014. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, insistió ayer en las nuevas figuras tributaria, entre ellas las ecológicas. IU pide una tasa a las grandes superficies comerciales.

Montero también avanzó que la Junta espera menores transferencias del Gobierno central que el año pasado, aunque no cifró el recorte que pueden tener los Presupuestos y que podría estar en una horquilla de entre 700 y 1.300 millones. La consejera sí aseguró que serán "didácticos desde el primer día" cuando se tenga que explicar de dónde vienen los recortes.