La Junta ha estrenado su política estrella en Granada. Ayer se inició oficialmente la expropiación del uso de dos viviendas que se han quedado los bancos por el impago de las hipotecas, lo que permitirá a las antiguas familias propietarias que al menos puedan permanecer en sus casas a cambio de un alquiler social.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el inicio de los dos primeros expedientes de expropiación por interés social, que afectan a dos viviendas de Motril y Charches (Valle del Zalabí). Ambas casas pasaron a ser propiedad de Caja Rural, entidad que había prestado el dinero de la hipoteca a las familias que a causa de la crisis no pudieron pagar las cuotas a la entidad financiera.

Ahora se inicia un proceso de garantías legales, como los plazos de alegaciones, que puede tardar entre 3 o 4 meses como mínimo. Una vez que concluyan estos trámites es cuando empezará a contar el plazo de la expropiación, que es de tres años. "Después de ese tiempo ya veremos qué pasará, supongo que habrá que buscar fórmulas", explicó ayer Manuel Morales, delegado de Vivienda en Granada.

En ese tiempo también hay que fijar el importe de la contraprestación al banco por la expropiación y la cuota de alquiler social para las familias. En estos casos, las viviendas se las quedó Caja Rural con precios de remate de 27.000 y 55.000 euros. Lo que establece el decreto de la Junta que regula estos trámites es que se pagará anualmente a las entidades el 2% del justiprecio, lo que sería 540 y 1.100 euros al año en cada uno de los casos.

La Junta solo podrá pedir a las familias que paguen de cuota de alquiler un máximo del 25% de su renta disponible, de modo que si el dinero no alcanza para abonar esa contraprestación anual al banco, será la Junta la que correrá con los gastos. Morales aseguró que la consejería tiene previsto un presupuesto para esto, aunque no especificó la cantidad.