La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y el pago de sobrecomisiones en las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, ha fijado fianzas civiles por importe de más de 410 millones de euros para siete imputados y ha decidido a su vez el embargo de 46 propiedades, principalmente vinculadas al conseguidor de los ERE Juan Lanzas y al ex director general de Vitalia Antonio Jesús Albarracín.

En un auto dictado el pasado 27 de mayo, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha impuesto una fianza civil, para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles, de 111.780.721,37 euros para cada uno de los ex directivos de Vitalia Antonio Albarracín, María Vaqué y Eduardo Pascual, mientras que para el ex sindicalista Juan Lanzas dicha fianza es de 38.074.630,12 euros. Las otras fianzas civiles impuestas son de 15.246.797,64 euros para el ex delegado de Vitalia en Sevilla Jesús Bordallo; de 400.000 euros para Roser Massa Dalmau, administradora mancomunada de Vitalia Vida; de 5.068.319,38 euros para María José Marcos Ferris, esposa de Antonio Albarracín; de 14.712.379,80 euros para Patrocinio Sierra García, esposa de Juan Lanzas; y de 1.980.816 euros para Ismael Sierra García, hermano de la anterior.

El auto también acuerda el bloqueo de las cuentas bancarias y el embargo de bienes inmuebles de los imputados. En el caso de Lanzas y su mujer la juez ha acordado el embargo de siete fincas y otras cuatro de Maginae Solutions, la empresa que la Guardia Civil sitúa como una de las utilizadas por el entramado de Lanzas para percibir las sobrecomisiones. En cuanto al matrimonio del ex director de Vitalia Antonio Albarracín y su esposa, la instructora ha acordado el embardo de 22 propiedades de la pareja y de la sociedad Permar 21; y por último, se ha decretado el embargo de otras tres propiedades de Jesús María Bordallo.

En el auto la juez recuerda que, según el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Vitalia habría obtenido unas sobrecomisiones valoradas en más de 21 millones de euros, por cuanto el “negocio enormemente rentable para Vitalia sería la concesión continuada por la Junta de Andalucía de ayudas sociolaborales instrumentadas mediante pólizas de renta colectiva que aquella intermediaba, pues cobraría unas sobrecomisiones elevadísimas, muy por encima de la media del mercado” y que provisionalmente han sido cuantificadas en esa cifra.

Dice la magistrada que los imputados “influirían activamente” mediante sus contactos y relaciones personales “con empresarios, sindicalistas y, sobre todo, con autoridades de la Junta, siendo por ello esencial el papel de Juan Lanzas en la concesión de tales subvenciones y, por ende, en la distracción de fondos públicos derivada de la arbitraria contratación de numerosas pólizas de prejubilación financiadas con ellos, adjudicada directamente a la mediadora sin celebración de concurso público”. En este punto, la juez advierte que se trata de un proceso “tan caro para la Administración que, salvo alguna excepción puntual, sólo se ha conocido en la Junta de Andalucía” y añade que, a pesar de esto, fue la “práctica habitual durante más de diez años”.

La magistrada insiste en que ha quedado indiciariamente acreditado que con el importe pactado de las sobrecomisiones no solo se podían abonar “suculentos honorarios” a Juan Lanzas, sino utilizar parte de esas “sobrecomisiones millonarias, financiadas ilícitamente con fondos públicos, en gratificar indiciariamente de manera continuada a sindicatos y a ciertos responsables de la Administración, como en este caso el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, quien concedía las referidas ayudas sociolaborales”. El auto señala igualmente que el matrimonio de Antonio Albarracín y su esposa se enriqueció “ostensiblemente” y a través de la sociedad Permar 21, convirtieron “las ilícitas ganancias del primero en numerosas inmuebles que habrían adquirido, concretamente ocho desde el año 2006”.

En el caso de Patrocinio Sierra, la mujer de Lanzas, su responsabilidad vendría determinada, precisa Alaya,  por el “indiciario conocimiento de la actividad delictiva de su marido” y de su influencia en determinados cargos de la Junta, lo que “pudo hacerse evidente para Patrocinio Sierra al menos a través de los viajes de placer” que realizó ella con su marido y el matrimonio del director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, además de que fue beneficiaria de una póliza de prejubilaciones en Hitemasa, a pesar de no haber trabajado nunca para esta empresa.

La juez también señala que su hermano Ismael Sierra estaría prestando a Lanzas el “apoyo logístico necesario a través de la sociedad Maginae Solutions para que éste percibiera sus ganancias, además de realizar otras actividades para él con la misma finalidad” y, en este punto, la juez señala que mantuvo una estrecha colaboración con Lanzas a partir de 2006, cuando éste “pierde la confianza” en el testaferro Eduardo Leal del Real, quien hasta entonces “le había servido para canalizar sus ingresos a través del entramado de sociedades (Atrado) que éste controlaba directamente”.