El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha avalado la utilización del subsuelo del Parque Nacional de Doñana para producción y almacenamiento de gas natural, proyecto que promueve la compañía Petroleum Oil Gas-España, filial de Gas Natural Fenosa. El ex presidente Felipe González, que dimitió de su cargo de presidente del Consejo de Participación de Doñana, es accionista y consejero de Gas Natural.

Se desbloquea así el último eslabón burocrático a un proyecto que cuenta con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que recogía ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE). La compañía ya disfrutaba de las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos en los parajes de Marismas A, B-1 y C-2, si bien ahora logra, además, la autorización de almacenamiento subterráneo de gas.

El proyecto contempla la "dotación de infraestructuras, adecuación y el desarrollo de los emplazamientos gasíferos que conforman la zona de Saladillo, lo que favorece el manejo adecuado y seguro de los caudales de producción de gas y posterior almacenamiento del mismo". De este modo, "el proyecto tiene como primer objetivo la producción de gas natural y, como segundo, la posterior utilización de los yacimientos como almacenamiento subterráneos.

Uno de los puntos que mayor controversia ha suscitado radica en la construcción de un gaseoducto de interconexión de 18.169 metros que sustituirá al existente en la actualidad que recorreré los parajes de Saladillo y Rincón, ambos adscritos al dominio público forestal.

El representante de Ecologistas en Acción, Juan Romero, adelantó que no se quedarán de brazos cruzados y denunciarán frente a las autoridades europeas lo que consideran una "agresión" al Parque Natural que vulnera la normativa de protección convirtiendo a Doñana en un gran almacén de gas. Para el líder conservacionista la clase política que gestiona Doñana -Estado (PP) y Junta (PSOE)- "se han retratado permitiendo que prevalezca los intereses económicos por encima de la defensa del medioambiente".

Juan José Carmona (WWF) considera que más que razones políticas el propio Estado "tiene interés en asegurarse una reserva estratégica de recursos energéticos", aunque recuerda que el almacén se concede a "una empresa privada, por lo que alerta de los peajes en forma de caminos e infraestructuras que se construirán en el propio parque".