IU quiso dejar ayer claro que combinar su logo con el de la Junta y el del PSOE no va a restarle un ápice de protagonismo a su iniciativa política. Con el panel de fondo de sus siglas, el coordinador regional de la coalición de izquierdas y vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, anunció ayer que la Junta retrasará el decreto del plan de ajuste entre diez y quince días para abrir la puerta a una "negociación profunda" con los sindicatos sobre el recorte salarial a los empleados públicos. Esta decisión "lógica y prudente", como la definió, surge de la propuesta de los consejeros de IU en el Ejecutivo autonómico, y se sustenta en que hay margen para dialogar porque aún no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por tanto, el plan de ajuste que iba a aprobarse en Consejo de Gobierno, y que luego tendrá su recorrido parlamentario, se pospondrá hasta mediados de junio. 

El anuncio sorprendió que fuera en la sede de IU y no en la Consejería de Administración Local de la que es titular Valderas. Y con independencia de que hubiera coordinación o no entre ambos socios -en el PSOE mantenían que era una "acción coordinada"-, esa situación forzó a que el secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, confirmara horas más tarde ese retraso, justificado en que es preciso conocer al detalle los PGE por si los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy pueden deparar más sorpresas negativas a Andalucía. Griñán, que también dio sus explicaciones desde la sede federal del PSOE en Madrid donde se había reunido con Alfredo Pérez Rubalcaba, aclaró que los 777 millones de recorte salarial a los empleados públicos es una cifra intocable, puesto que está aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y fijada con las miras puestas en "no despedir a nadie" y evitar las privatizaciones. 

El inmovilismo en esa cifra evidencia que aunque hay tiempo, lo que no hay es margen de negociación -IU, que defiende que el documento es "mejorable", ya ha admitido que es reducido-. Parece más un ejercicio por mostrar a los sindicatos, que ya están en pie de guerra en la calle, una disposición al diálogo, que se les escucha y no que se les impone, demostrando así que la Junta no cae en los errores que se le recriminan al Ejecutivo central con la reforma laboral, o el que se cometió la anterior legislatura con la reordenación del sector público. UGT, CCOO y CSIF aplaudieron este nuevo periodo de negociación que ahora se abre, pero no tienen por el momento intención alguna de aparcar las protestas. 

Aparte del diálogo sindical, entre ambos socios también tiene que haberlo, porque IU ya está marcando su discurso propio sobre este decreto. Aunque el término progresividad todavía no está registrado en su argumentario, lo que sí ya ha dejado ver en distintas ocasiones, y ayer Valderas lo hizo una vez más, es que a los empleados públicos mileuristas no se les toque la nómina. Esta línea roja se compensa con que las rebajas sean mayores para la cúspide del organigrama de la Junta. 

El "sacrificio" que propone la coalición de izquierdas pasaría por la supresión de "privilegios", como el pago de pluses de productividad a los altos cargos, que en cambio sí se van a eliminar para los funcionarios. En este punto ha habido reticencias por parte de las consejerías de Economía y de Hacienda, que querían dejar abierto lo que cobran estos altos cargos para premiar a quienes echen más horas, lo que ha molestado mucho a IU. El portavoz del Grupo Parlamentario, José Antonio Castro, transmitió que su formación está "defraudada, indignada y sorprendida" porque estos departamentos estén pagando a 31 altos cargos "gratificaciones o pluses", que en algún caso llegan a 3.435 euros por sólo cuatro meses de trabajo frente a los 250 euros de media que puede cobrar un funcionario. Estas propuestas IU las canalizará en de la tramitación parlamentaria de este decreto, pero ya parece que sus reivindicaciones van calando. La Consejería de Hacienda, autora del plan de ajuste, ya admite que ningún empleado público cobre menos de mil euros y parece que se aceptará una armonización de los pluses para todos los altos cargos, con independencia de la consejería en la que estén. 

Sobre los efectos que tendrá este retraso en la aplicación del plan de ajuste, habrá que esperar a ver cómo termina la negociación abierta ahora con los sindicatos después del fracaso del pasado jueves en la Mesa de Función Pública -era la segunda reunión para abordar este asunto-. Eso deja en el aire si se aplicará o no ese recorte de un 5% funcionarios y un 15% para interinos en sus nóminas y en las pagas extra de junio. Lo que sí está claro es que el objetivo de reducir esos 777 millones es para este ejercicio, con lo que parece difícil que no se ejecute.