La ocasión era demasiado tentadora como para dejarla escapar. Ayer, último día hábil antes de las votaciones de la convocatoria electoral donde están más altas las apuestas en 30 años de autonomía, la política sanitaria de la Junta recibió un impacto de torpedo en la línea de flotación: siete de los once laboratorios que se habían comprometido a firmar con el SAS el suministro de medicamentos de receta tras una licitación pública, al final, no acudieron a formalizar los contratos. La Administración autonómica ve en ello la mano negra del Ministerio de Sanidad (vale decir, el PP), que habría presionado a las compañías adjudicatarias para que diesen marcha atrás. El departamento que dirige Ana Mato niega esas presiones, pero la Junta da nombres y apellidos de los responsables de ese ataque en toda regla a la viabilidad de las subastas de medicamentos. Una iniciativa puesta en duda por el sector desde 2010 y, más recientemente, por el Consejo de Estado, que respaldaría la intención del Ejecutivo de Rajoy de llevar al Constitucional ese aspecto de la política farmacéutica andaluza.

Primero, el presidente Griñán lo dijo en Televisión Española: "Ha tenido que haber presiones para que las farmacéuticas adjudicatarias no firmen". Y, después, la consejera de Salud, María Jesús Montero, explicó que había laboratorios que no iban a firmar y apuntó directamente al PP, episodio chusco incluído: "En el tren Avant Sevilla-Córdoba-Málaga que salió ayer [por el jueves] a las 17:55, dos destacados dirigentes del sector sanitario del PP de Andalucía estuvieron haciendo gestiones a propósito de este tema", dijo Montero, para apuntar como posibles protagonistas a Jesús Aguirre, senador por Córdoba y ex presidente del Colegio de Médicos de esa provincia, y a Ana María Corredera, vicesecretaria de Organización y portavoz sanitaria de los populares andaluces. Finalmente, después de un desmentido oficial del Ministerio de Sanidad negando cualquier tipo de presión y ofreciéndose al diálogo con la Junta, la Consejería de Salud dijo de una vez lo que entendía que tenía que decir, aunque se rompiese, ya qué más daba visto lo visto, la cortesía entre administraciones, que en este caso parece que ha brillado por su ausencia. Según el departamento que dirige Montero, "los laboratorios han trasladado a los responsables de la Consejería las presiones reiteradas por parte de directivos del Ministerio de Sanidad para que no firmaran el convenio, una vez que habían resultado adjudicatarios de la venta de medicamentos". Y, sin cortarse, la Consejería da el nombre de quien entiende que es el fiel ejecutor de esta maniobra: "Los laboratorios han señalado a Carlos Lens, subdirector general de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio, como la persona encargada de realizar las llamadas que, decía, hacía en nombre de la ministra". ¿Y en qué consistían esas amenzas? Según la Junta, "recibir, en los próximos días, una resolución por la que se abría expediente de revisión de las condiciones de financiación de sus medicamentos".

Y si algo tiene claro la industria farmacéutica es que con esas cosas no se juega. De los once laboratorios adjudicatarios del suministro de medicamentos, no firmaron ayer el convenio con el SAS Sanofi Aventis, Janssen-Cilag, Nycomed, Ranbaxy, UCB Pharma, Abbott y Bayer Hispania. Sí firmaron con la Junta, en cambio, Industria Química y Farmacéutica Vir, Medinsa Laboratorios Medicamentos Internacionales, Uxafarma y Aurobindo. Nadie en el sector, pase lo que pase mañana en las urnas, se va olvidar durante un tiempo de en qué lista de esas dos aparece cada una de esas empresas. Ninguna de ellas explicó su posición; sólo Bayer señaló que sus servicios jurídicos creen que han actuado dentro de la ley, en el contexto del previo anuncio de la consejera Montero sobre la adopción de medidas legales al respecto tras lo ocurrido ayer.

Tampoco, excepto el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), ninguno de los agentes del sector que, más o menos en bloque, se han venido oponiendo a este proyecto -Farmaindustria, Aeseg, Fedifar, Ceofa-, expuso ayer su valoración sobre el episodio de la retirada de la mayoría de los adjudicatarios de este proyecto, pensado para ahorrar en gasto farmacéutico a costa de la prerrogativa de identificación de marca a través del poder de volumen de compra del SAS.

Técnicamente, las subastas siguen adelante: hay cuatro compañías que entienden que controlar el 20% del mercado farmacéutico español en sus respectivos segmentos -Andalucía es mucho más que un lugar a donde venir de veraneo- merece la pena el riesgo de señalarse y de afrontar lo que administrativamente a alguien se le pueda ocurrir hacer.