Farmaindustria, la patronal que agrupa a la mayoría de los laboratorios farmacéuticos que operan en España, anunció ayer que pedirá al Gobierno de Rajoy que recurra el decreto ley de la Junta que fundamenta las denominadas subastas de medicamentos.

Con esta iniciativa, que pretende generar ahorros en las arcas de la sanidad pública mediante ventajas ligadas al poder de compra de los organismos de la Consejería de Salud, la Junta ha cosechado algunas adhesiones y también detractores, que entienden esta iniciativa como un ataque a la equidad en el acceso de los pacientes a los medicamentos, invade competencias estatales porque (indirectamente) alteraría los precios y rompería la unidad de mercado. En un comunicado, las compañías farmacéuticas lamentaron que el departamento del Ejecutivo andaluz que dirige María Jesús Montero "haya decidido sacar adelante esta iniciativa pese al rechazo que su anuncio ha generado entre los distintos agentes sanitarios, tanto colegios de farmacéuticos, como la industria farmacéutica y la distribución". Desde que, en otoño de 2010, se empezó a esbozar en público esta estrategia de la Junta, con Farmaindustria se han alineado Fedifar, que agrupa a las empresas de distribución de fármacos; las instituciones colegiales (en Andalucía, agrupadas en el Cacof); y la patronal de los genéricos, Aeseg. Ayer, sólo Farmaindustria expuso su intención de pedir a Rajoy que interponga un recurso de inconstitucionalidad (básicamente por motivos relacionados con el rango de la norma andaluza). Sin embargo, la resolución del SAS que convoca a las compañías farmacéuticas al concurso de licitación de los principios activos más consumidos, es de nivel inferior y de ahí que la patronal esté "estudiando la adopción de medidas legales" para tumbarlo.

Montero, sin embargo, no pareció inquietarse al conocer la noticia. La consejera dijo a Europa Press estar "convencida", de que el Gobierno central "no atenderá" el requerimiento de los laboratorios para que el Ejecutivo de Rajoy interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley andaluz. Montero recordó el posible compromiso de Moncloa con el Gobierno gallego (PP) de retirar el recurso del Ejecutivo de Zapatero a las restricciones de su prestación farmacéutica, conocidas como cataloguiño. "No creo que se atrevan a presentar un recurso de inconstitucionalidad con el precedente gallego", declaró la consejera, quien no dudó en advertir que "presentaremos batalla" en el caso de que el Ministerio de Sanidad sí elevase recurso contra la norma andaluza.