El decreto ley que abre la puerta a la licitación del suministro de medicamentos de receta en el SAS no gusta a casi nadie en el sector farmacéutico. A casi nadie. Porque ayer, pese a que los colegios de farmacéuticos y las patronales de la distribución y de los laboratorios se oponen frontalmente a la medida de las denominadas subastas de medicamentos, sí hubo un colectivo farmacéutico que se posicionó a favor de la norma: la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar), que agrupa a los boticarios que trabajan en oficinas de farmacia de pequeñas poblaciones. Para la Sefar, el decreto-ley presentado el martes por la consejera de Salud es bueno.

La Sefar explicó ayer en un comunicado sus razones para apoyar, en contra de la opinión imperante en ámbitos institucionales del colectivo farmacéutico andaluz, un mecanismo de ahorro que permitirá a la sanidad pública obtener bonificaciones por volumen de compra cuando saque a concurso el suministro de las medicinas que prescriben los médicos de los centros de salud. La primera de estas licitaciones tendrá lugar, según las previsiones de la Junta, en enero, y afectará a los protectores gástricos, las estatinas y los inhibidores de la agregación plaquetaria, que suman una factura anual superior a los 235,5 millones de euros sólo en la sanidad pública andaluza. A través de este mecanismo, el SAS espera ahorrar entre 40 y 200 millones.

Para los farmacéuticos rurales, el decreto-ley de las subastas es una garantía de viabilidad de la sanidad pública como paraguas asistencial universal y de acceso gratuito. Y, además, supone echar un cable a las farmacias más pobres, ya que la norma prevé ayudas para las boticas ubicadas en núcleos pequeños y de población dispersa. La Sefar ve en esa medida una opción para refundar el ejercicio profesional farmacéutico: no entiende esas ayudas como subvenciones, sino como el primer paso para elaborar una cartera de servicios en la que los boticarios cobren por dar un servicio especializado a la población y no sólo en función del margen comercial.

Desde Madrid, Farmaindustria, patronal de los laboratorios innovadores, expresó ayer su disconformidad con las subastas andaluzas: a su entender, son una "mala noticia" para los pacientes, los médicos y los propios laboratorios. La crítica se fudamenta en que, según Farmaindustria, estas licitaciones recortan prestaciones, limitan la libertad de prescripción del médico y perjudican a la innovación.