Septiembre regresará con un nuevo frente abierto entre la Junta de Andalucía y los sindicatos más representativos de la función pública, si bien no es probable que se repitan los acontecimientos del pasado otoño que desembocaron en una bronca polémica por la reordenación del sector público.

Esta vez se trata de la regulación de las condiciones de trabajo del personal. La Junta de Andalucía ultima una medida para ahorrar en el gasto de mantenimiento de los edificios públicos. La Administración quiere que las oficinas administrativas abran como máximo dos tardes a la semana. Esto choca con la flexibilidad que tienen los funcionarios con dedicación exclusiva de elegir entre cuatro tardes a la semana, de lunes a jueves, para cumplir con un suplemento obligatorio de 110 horas al año.

La Junta reseñó esta acción al Gobierno central como una de las dirigidas a reducir el gasto corriente. Está recogida en el plan económico financiero presentado a finales de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Asumiendo que una de las áreas susceptibles de ahorro la constituyen los gastos de mantenimiento en edificios y oficinas públicas, así como por sus efectos sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, se encuentra en avanzado estado de tramitación la modificación de una normativa precisa que regule la apertura de un máximo de dos tardes semanales las oficinas administrativas, realizándose las horas de trabajo en el resto del periodo horario", detalla el documento.

Safja y CSIF, los sindicatos mayoritarios en la Administración general de la Junta tras las elecciones de este año que dejaron sin representantes a CCOO y UGT, no están de acuerdo con la Junta en que la tramitación esté tan avanzada como dice. Safja se remite a un primer contacto en julio y espera que se le presente una propuesta formal a la vuelta de las vacaciones. CSIF ni siquiera tiene conocimiento del plan y, en todo caso, apela a la negociación. No se aceptarán imposiciones por parte de la Junta.

Esta medida tendrá obligatoriamente que negociarse, aseguran los sindicatos, al formar parte del acuerdo sobre condiciones de trabajo de 15 de octubre de 2004, que renovó uno anterior de 1996. En 1999 la mesa sectorial de negociación de la Administración general suscribió el acuerdo sobre reducción de jornada a 35 horas semanales como una medida de creación de empleo. Este cómputo tienen que cumplirlo los funcionarios de lunes a viernes. Serían 1.582 horas al año, descontadas vacaciones y fiestas oficiales. No obstante, el personal que quiere generar más ingresos y tiene asignado el factor de especial dedicación, tiene que trabajar un suplemento de 110 horas al año.

Hasta ahora, y según marca el convenio, los funcionarios podían cumplir con estas horas y otras procedentes de la flexibilidad horaria en un turno de lunes a jueves entre las 16.00 y las 20.00. En algunos centros, la dirección ha laminado esa posibilidad de elección y originado un conflicto con los funcionarios.

El sindicato Safja se remite a una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condena en costas a la Junta por vulnerar la normativa de horarios en la delegación provincial de Salud en Sevilla. En abril de 2009, Salud dictó un acto donde cerraba el edificio de su sede las tardes de miércoles a viernes con la explicación del ahorro energético. El sindicato lo denunció por no negociar con los representantes de los trabajadores. La Junta recurrió el auto de un juzgado de Sevilla y finalmente el TSJA le dio la razón a Safja en septiembre del pasado año. Este sindicato tiene abiertas otras denuncias por razón de horarios contra la Consejería de Economía y su delegación en Cádiz.

Los sindicatos entienden que el ahorro de energía es importante, y por ello piden negociar.

Reclaman que la medida englobe a todos los edificios administrativos de la Junta. Safja y CSIF coinciden en que, si se cierran las oficinas dos tardes, no pueden acudir a ellas directivos o personal de confianza. El presidente de Safja, Alfredo Pérez, pide que la decisión sea única en todas las oficinas para evitar modificaciones de jornada si hay traslados. "El funcionario puede verse obligado a modificar su vida laboral y familiar. No puede tener diferentes horarios depende del sitio", expone Pérez. El presidente de Safja espera que esta negociación se abra ya al resto del convenio, prorrogado desde 2004.

En la flexibilidad horaria también incide Alicia Martos, responsable de CSIF, que considera que la medida, si se acuerda, tiene que ser de obligado cumplimiento para personal de confianza y asesores. También hace hincapié Martos en que no todos los edificios de la Junta son inteligentes, con aclimatación centralizada, por lo que el cierre tendría que ser en el edificio completo. CSIF también vigilará las condiciones de trabajo al subrayar la Junta que ahorrará en la conservación y reparación de las sedes administrativas.