El Gobierno ultima una nueva reforma financiera, la sexta desde que empezó la crisis, que supondrá otra vuelta de tuerca a la despolitización y al fin de la influencia de las comunidades autónomas en las cajas. La propuesta consiste en convertir en fundaciones bancarias a las cajas de ahorros que cuenten con una participación superior al 10% en los bancos a los que han transferido la actividad financiera. Podrían mantener el control de sus bancos a cambio de someterse a una estricta normativa que incluye un severo régimen de incompatibilidades entre los patronos de las fundaciones bancarias y los consejeros de los bancos, prohibiendo retribuir la labor de los primeros. Además, la condición de patrono sería incompatible con la de cargo electo o cualquier cargo ejecutivo en partidos políticos o sindicato.

Según el Ministerio de Economía, esta regulación trata de incentivar la desinversión de la fundación bancaria en la entidad que desarrolla el negocio bancario, aunque sin imponer un plazo límite, porque ello distorsionaría el valor de la participación conforme se agotara el plazo.

La norma se refiere fundamentalmente a La Caixa, Kutxabank, Unicaja, Ibercaja, Liberbank o BMN, cuyas cúpulas, en caso de que llegue a buen puerto, tendrán que afrontar una profunda remodelación para desvincular la gestión de la fundación de su banco. Todos los presidentes de las entidades con fuerte presencia en Andalucía incurrirían en incompatibilidad, al ser directivos tanto de los bancos como de las cajas accionistas, ademas de muchos miembros del consejo de administración.

De los veintisiete consejeros de Unicaja, doce se sientan en el consejo de Unicaja Banco, en el que Braulio Medel también ejerce la Presidencia. Entre ellos, nombres vinculados a la política andaluza como Marisa Bustinduy, Juan Fraile, ex alcalde de Ronda, el ex parlamentario andalucista Ildefonso Dell'Olmo, o Manuel Atencia, también ex parlamentario pero por el PP.

En el caso de Caixabank, la primera entidad andaluza tras la absorción de Banca Cívica, once consejeros repiten en La Caixa, como su presidente Isidro Fainé, o los empresarios Leopoldo Rodés y Salvador Gabarró. El número de incompatibilidades se reduciría a seis en BMN, afectando, entre otros, a Antonio Jara y Luis González, presidente y vicepresidente de Cajagranada, respectivamente, o Carlos Egea, primer directivo de BMN y de Caja Murcia. En Kutxabank -que incluye a la cordobesa Cajasur-, se limitaría a Mario Fernández, presidente de Kutxabank y BBK, Xabier Iturbe, de la guipuzcoana Kutxa, y Carlos Zapatero, ex presidente de Vital.

La propuesta reduce a a veinte el número de patronos de las fundaciones bancarias, de los que sólo el 25% podrán representar a administraciones. Por ejemplo, Unicaja tendría que eliminar siete asientos de su consejo, donde actualmente las corporaciones municipales y la Junta acaparan el 36% de los puestos. La pérdida de poder autonómico va más allá, porque las fundaciones bancarias quedarían bajo la tutela del Banco de España, por lo que no tendrían que pedir autorización a los gobiernos autonómicos para fusiones o traslado de sedes.

Sin embargo, aún queda una larga negociación en Bruselas. La norma colisiona con uno de los puntos del Memorando de Entendimiento (MoU) que firmó España para acceder al rescate de la banca. El MoU establece que el Gobierno forzaría una eventual reducción de la participación de la cajas en sus bancos, hasta alcanzar una posición minoritaria. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró la pasada semana que había sido "bien acogida", pero desde Bruselas aún no ha habido ninguna declaración.