Los universitarios con discapacidad sufren barreras contrarias a la ley

  • El Defensor recuerda que aún falta para la adaptabilidad plena, a pesar de que un decreto de hace 16 años ya la exigía

Los estudiantes universitarios que sufren alguna discapacidad cuentan con mejores medios que sus antecesores, pero aún se enfrentan a muchas barreras que "comportan auténticos incumplimientos de la legislación vigente en materia de derechos de este colectivo". Es una de las conclusiones extraídas del estudio Universidades y Discapacidad que presentó ayer el Defensor del Pueblo, José Chamizo, en el Parlamento andaluz.

El documento, elaborado con la colaboración de los distintos defensores de los centros superiores andaluces, valora positivamente los logros alcanzados en la eliminación de barreras arquitectónicas, la puesta en marcha de servicios específicos para este alumnado y otras serie de medidas relacionadas. Sin embargo, destaca que, por ejemplo, después del decreto 72/1992, en el que se exigía la progresiva adaptación de todos los edificios públicos, con especial a los centros docentes, esa accesibilidad plena no se ha alcanzado a pesar del transcurso de dieciséis años.

José Chamizo destacó que la presencia de este colectivo -1.298 matriculados en el curso pasado- sigue siendo más bajo respecto al total de alumnos matriculados. En el ámbito universitario, sólo un 13% de los estudiantes discapacitados con estudios secundarios accede a la universidad, frente al 22% de la población en general. De esta cuota, la mayoría de alumnos presentan dificultades en el lenguaje, habla o voz (36,3%), de oído (14%) o vista (13,4%).

El Defensor puso de manifiesto que los principales obstáculos a los que se enfrenta este sector de la sociedad son de carácter "normativo, organizativo o de infraestructuras".

El punto de partida es el "mandato legal, constitucional y estatutario" de garantizar que las personas que tengan alguna discapacidad cuenten con el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los estudios universitarios. Para hacer todo esto efectivo, además del aspecto económico, "es cuestión de voluntad", como destacó el defensor de la Universidad Pablo de Olavide, Eduardo Gamero, en la presentación del informe. Chamizo demandó una mayor financiación por parte de los centros "que no se limite a las subvenciones".

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