El juez Iván Escalera, que sustituye a la magistrada Mercedes Alaya, ha decidido prorrogar durante otro mes el secreto de sumario decretado en la causa de los ERE fraudulentos, según informaron ayer fuentes del caso, que precisaron que la medida se ha producido cuando la titular continúa de baja por enfermedad.

El secreto fue acordado el pasado 7 de noviembre, en un auto en el que Iván Escalera acordó además ampliar las investigación sobre las irregularidades en las ayudas públicas a otros tres delitos: asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales. La medida, que se adoptó en principio por un máximo de un mes, pretendía garantizar el éxito de las investigaciones, en las que ya se había practicado al menos un registro fuera de Andalucía.

El juez declaró el secreto de sumario con la finalidad de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda completar las diligencias de investigación que actualmente se vienen realizando, por lo que, al haberse ampliado el secreto se desprende que la investigación continúa abierta. El secreto fue solicitado precisamente por la Guardia Civil, que investiga "personas físicas y jurídicas no imputadas pero sí relacionadas con actividades de los imputados que entiende deben ser esclarecidas en las diligencias que se interesan", argumentó entonces el juez Escalera.

Tras examinar la petición de los agentes de la UCO, el juez consideró adecuado decretar el secreto de las actuaciones para "evitar interferencias o acciones que puedan poner en riesgo el éxito de las investigaciones", que el magistrado no concretó en el auto para no frustrar la finalidad del secreto, "habida cuenta de la repercusión de la presente causa y la publicidad que reciben resoluciones y documentos unidos a la misma".

Y todo ello porque, según el juez, los hechos que se investigan ahora pueden ser constitutivos de los delitos de cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales, y "podrían llevar a parte interesada a la manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba, anulando así la acción policial judicial".