Una edil socialista se convierte en la imputada número 60 del caso Astapa

  • La concejal avanza que no piensa dimitir, lo que incrementa la minoría del gobierno local

Prevaricación. Ése es el delito que la juez instructora del caso Astapa, Isabel Conejo, imputó ayer a la concejal socialista en Estepona María Miralles. Con ella son ya sesenta las personas implicadas en la trama de presunta corrupción municipal que se investiga en este caso. La edil, actual responsable de Cultura y de la Mujer, ejerció el cargo durante el mandato 2003-2007 del área de Disciplina Urbanística, siendo alcalde y concejal de Urbanismo Antonio Barrientos, que permanece en prisión.

Miralles aseguró que tiene "la conciencia muy tranquila" y que se siente "muy orgullosa de haber sido concejal de este Ayuntamiento". Además, dejó claro que no tiene intención de renunciar a su puesto. "Como me considero inocente, conservaría mi acta, aunque hay que hablarlo con el partido para ver qué es lo mejor para Estepona".

Si no renuncia a su acta, Miralles dejaría al gobierno con nueve concejales frente a los 16 de la oposición, entre los que están los dos ediles del PES que permanecen en prisión, José Ignacio Crespo y Manuel Reina, además de los cuatro expulsados del PSOE que fueron imputados en la primera fase de la operación. A ellos se suma el recientemente desvinculado del PA, Rafael Montesinos, que también está imputado en la investigación.

Ante esta situación, desde el PP su portavoz local, Ignacio Mena, insistió ayer en la necesidad de disolver el Ayuntamiento y convocar elecciones. El popular aseguró que el alcalde, David Valadez (PSOE), les habría ofrecido formar parte del gobierno. El regidor desmintió haber realizado este ofrecimiento a la oposición.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios