Julián Muñoz y otros cinco ex ediles del GIL han sido condenados al pago de una multa de 3.600 euros y a siete años de inhabilitación para cargo público por un delito urbanístico por autorizar la ejecución de una vivienda en Marbella, cuestión dirimida en un juicio celebrado a finales de octubre. La sentencia es del Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, que igual que hizo hace pocos días el Penal número 7, ha optado por una multa para penalizar a los ex concejales por atentar contra el territorio. Pero no todos los jueces han sentenciado de la misma manera por hechos similares: el Juzgado de lo Penal número 5 ha dictado ya dos condenas de cárcel y el número 2 se inclinó en su día por la absolución.

El primer juicio por delito urbanístico en Marbella, el caso Banana Beach, recayó en el Juzgado de lo Penal número 5, que en marzo de 2005 condenó a Muñoz y a otros seis ex ediles del GIL a seis meses de prisión por dar licencia para 300 viviendas en suelo no urbanizable. Fue recurrida y está pendiente de una petición de indulto.

El juicio por el caso Proinsa, el segundo, se dirimió en el mismo juzgado, que dictó una sentencia condenatoria de un año de cárcel.

En el siguiente procedimiento, el Juzgado de lo Penal número 2 absolvió a los ex concejales por las licencias de seis unifamiliares. Posteriormente se revocó el falló y se condenó a los procesados a un año de prisión.

Más reciente es la condena a una multa dictada por el Juzgado de lo Penal número 7. Hace apenas una semana, condenó a Muñoz al pago de unos 9.000 euros y a nueve años de inhabilitación. A los otros ex concejales implicados también se les multó.

En la última sentencia por un delito urbanístico en Marbella, la del Juzgado de lo Penal número 8 que ha sancionado con una multa a los ex concejales imputados en el caso Artola, hay varios aspectos destacables. Por ejemplo, que la Fiscalía pedía un año y medio de prisión para cada uno de ellos por un delito continuado contra la ordenación del territorio. La juez, que está pendiente de dictar otra sentencia, la del caso Incopromar, considera que los ex concejales no cometieron ningún delito porque el expediente del proyecto básico tenía un informe favorable.

Sí ve delito en la autorización al proyecto de ejecución. Se dio el 10 de julio de 1998, después de que la construcción fuera denunciada. La juez entiende que este extremo debía ser conocido por los ex concejales. Sobre la posibilidad de condenar a cárcel o a multa, se ha decantado por esta última por "la menor entidad del hecho, puesto que se trataba de la concesión de una licencia para una sola vivienda".