Daniel Vanin, presidente de Iberian Mineral Corp -propietaria de la empresa Minas de Aguas Teñidas donde trabaja la hija del ex presidente andaluz Manuel Chaves- avaló ayer la "transparencia" en la gestión de la compañía y mostró la "tranquilidad" por haber "hecho las cosas bien" en relación a la subvención de 10 millones de euros concedida por la Junta de Andalucía.

En declaraciones a los periodistas en las instalaciones de la mina, en Almonaster la Real (Huelva), Vanin declinó valorar la polémica sobre la subvención recibida por la empresa, pues "lo que esté pasando en el mundo político no es de nuestra competencia", alegó.

En relación a la vinculación laboral de Paula Chaves, hija del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, con Matsa, Vanin dijo que parte de sus funciones es apoyar en procedimientos legales y "por casualidad" participó en la subvención concedida por la Junta cuando su padre era presidente autonómico, "pero está dentro de su responsabilidad" como cualquier persona en el departamento legal.

En este sentido, insistió: "hemos hecho todo de manera transparente, todos los informes se han enviado a las autoridades y se puede consultar". Y añadió: "nos sentimos tranquilos porque hemos hecho las cosas bien y estamos aquí para producir a menor costo, con seguridad para estar aquí muchos años para el bienestar de nuestros trabajadores y de la empresa".

Mientras tanto, el PP tiene ya preparada la querella que finalmente presentará la próxima semana ante el Tribunal Supremo contra Chaves, después de que la semana pasada la retirase por desconocimiento del PP andaluz. En un acto público con alcaldes del PP-A, el presidente del PP-A , Javier Arenas, aseguró que la querella que está elaborando su partido es "muy sólida", fruto del análisis que el partido ha llevado a cabo del expediente de la subvención de la Junta a Matsa.

El presidente del PP, que destacó la "perfecta coordinación" que existe entre la dirección andaluza y la nacional en relación con este asunto, "lo que no quiere decir que lo hayamos estado", anunció que aún quedan pendientes algunas cuestiones finales para poder presentar la querella.

Entre estas cuestiones, según Arenas, destacan la conexión entre la vía contencioso-administrativa y la penal, ya que el PP pretende presentar la querella por estos dos cauces. En el primero espera la respuesta de la Junta a la denuncia presentada ante el Consejo de Gobierno, en el que acusa a Chaves de incumplir la ley de incompatabilidad de altos cargos por autorizar la subvención a una empresa en la que trabaja un familiar directo. La segunda, una querella criminal, puede contener la presunción de delitos como tráfico de influencias o nepotismo. El PP va a poner en manos de dos expertos el contenido de esta querella antes de que se formalice. Se ha acudido a los tribunales, según Arenas, porque el PSOE impidió la vía política al negarse a crear una comisión de investigación en el Parlamento. A su juicio, la reacción del PSOE se debe a que cree que al haber ganado las elecciones, tiene "impunidad".

Arenas se refirió a la "seguridad" manifestada por Chaves en relación a este caso, que calificóm como una estrategia de intentar "presentarse como víctima". Le pidió que abandone el "victimismo" y responda a las preguntas que se han planteado tras conocerse este asunto.