El anuncio electoral de Susana Díaz como guiño a los trabajadores eventuales del Servicio Andaluz de Salud en plena precampaña se ha vuelto contra la Junta de Andalucía y ha dejado en evidencia el "desbarajuste", según la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO-Andalucía, y el "caos", como lo califica el Sindicato de Enfermería Satse, que reina en la gestión de los recursos humanos de la joya de los servicios públicos andaluces.

Pero, exactamente, ¿de qué personal se trata? Del eventual, todo aquel que sin tener una plaza fija ganada por oposición lleva años trabajando para el SAS, bajo los mismo parámetros que un funcionario de plaza, y cuya labor es "esencial para el funcionamiento del sistema", explican desde la Consejería. Según la Directora General de Profesionales del SAS, Celia Gómez, actualmente la plantilla de eventuales estructurales es de 8.500 trabajadores, 1.500 de ellos contratados recientemente.

Según anunció la semana pasada primero la consejera de Salud María José Sánchez Rubio y después la propia presidenta, los 8.500 eventuales estructurales recobrarían la jornada -y por tanto el sueldo- durante un año al 100% (lo tienen mermado al 75% desde que en 2012 Griñán activó las medidas de contención del gasto público) a partir del 1 de marzo, a tan sólo una semana antes del inicio oficial de la campaña para el 22-M.

Sin embargo, ellos no son los únicos eventuales del SAS: existe una plantilla "fluctuante", dependiendo de los picos de asistencia a las urgencias y de la propia dinámica de los hospitales, que a día de hoy alcanza una media de 2.000 trabajadores según Gómez. La cifra varía entre los 3.000 trabajadores y los 7.000 en boca de los distintos portavoces sindicales. Estos eventuales no estructurales llevan también años enlazando contratos con la Administración para, según Gómez, cubrir los puestos de "alta frecuentación, por sustituciones de bajas por enfermedad, maternidad o, por ejemplo, por las guardias de los trabajadores mayores de 55 años". Estos contratos son dispares: al 75%, al 50%, al 33% de la jornada, hay contrataciones semanales y hasta por días.

En teoría, la promesa de Díaz, realizada el miércoles 28 de enero tendría efecto desde el 1 de marzo, sin embargo, los contratos de todos los eventuales, de los 8.500 estructurales y del resto, se cumplieron el pasado 31 de enero. ¿Qué ha pasado a partir del 1 de febrero?, ¿cómo es el proceso?

En teoría, se ha hecho contrato de un año al 75% a los estructurales si bien han firmado una cláusula que contempla la subida al 100% a partir del 1 de marzo. Los no estructurales, sin embargo, han firmado sólo por cuatro meses. Ellos son, en este momento, los más débiles del sistema ya que, según denuncia Javier Martínez, de CSIF-Andalucía, "la conversión al 100% de los 8.500 eventuales será a costa del resto". Idéntica opinión tiene Rocío Jiménez, portavoz de la plataforma Aesas (Asociación de Eventuales del SAS): "A los no estructurales se les cumple el contrato el 30 de junio, y estamos convencidos que entonces va a haber nuevos despidos".

Sobre cómo se ha contratado, Humberto Muñoz, secretario general de FSS de CCOO Andalucía, denuncia que "el SAS ha sembrado el desconcierto" porque ha actuado con "absoluta falta de previsión" y ha aplicado "unilateralmente" criterios que alteran el orden en la contratación, sin respetar acuerdos firmados con los sindicatos que regulan los nombramientos en situaciones extraordinarias, como los contratos a tiempo parcial. En este "caótico proceso" podría haberse producido un recorte de nombramientos respecto a renovaciones anteriores, algo que se traduce en que existan puestos de trabajo no cubiertos.

El foco de los problemas reside en la Bolsa Única de Empleo, el sistema en el que están inscritos unos 370.000 profesionales y que, en teoría, es la única herramienta que tiene la Administración para contratar: en ella está la Bolsa de Régimen General y las bolsas específicas, en las que figuran aquellos profesionales con experiencia en áreas concretas. Según denuncia Jiménez "las normas del juego han cambiado: por ejemplo, a los médicos nunca los habían llamado por bolsa y ahora sí lo han hecho" además, ahora "están llamando a los inscritos en la Bolsa de Régimen General y han cerrado las bolsas específicas, de modo que si no habías marcado las dos opciones en los papeles, te quedas fuera de esta contratación porque sólo apareces en los listados de las específicas". Además, Jiménez denuncia que la bolsa está "desactualizada", "sobre todo en el caso de los médicos" ya que recoge los méritos hasta 2010, opinión que comparten por otros sindicatos. Por todas estas razones, Aesas impugnó la bolsa por fraude de ley.

Celia Gómez, responsable de los recursos humanos del SAS, defiende que "la bolsa es pública y todo el mundo la puede comprobar que está actualizada a octubre de 2013" e insiste en que los criterios que la rigen son los de "igualdad, mérito y capacitación".

El rosario de incidencias que se han producidos estos días ha afectado a los principales hospitales públicos: facultativos incluidos en el planning de trabajo de febrero que han sido sustituidos sin previo aviso por profesionales procedentes de otros hospitales, unidades que han visto mermadas sus plantillas en pleno pico de asistencia por los casos de gripe y profesionales que, de la noche a la mañana, han tenido que hacer la maleta y desplazarse a otra provincia.

Para Gómez lo importante del "esfuerzo" que realiza la Junta con este anuncio es que se va a dotar "de estabilidad a la plantilla durante un año" y aunque confía en que no va a haber cambio de cara en San Telmo, asegura que se ha hecho "ahora" para que sea "de obligatorio cumplimiento" en la próxima legislatura. Ayer, Susana Díaz reconoció que hubo "desconcierto en algunos centros hospitalarios de las grandes ciudades", y confió en que "que esté resuelto en las próximas horas".

Está previsto que, a petición del sindicato CSIF-Andalucía, esta mañana se desarrolle la Comisión de Seguimiento de la Bolsa del SAS, a la que acudirán los distintos portavoces sindicales, para evaluar el reparto de contratos y la aclaración de los procesos de nombramientos hoy bajo sospecha.