El juez procesa a 45 personas por nueve delitos en la pieza principal del caso Fitonovo

  • Aprecia delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha finalizado la instrucción de la pieza principal del caso Fitonovo, en el que se investiga la presunta existencia en esta empresa sevillana de una actividad planificada dirigida a adjudicarse contratos públicos por medios fraudulentos, y considera que hay indicios para juzgar a 45 personas por las actividades que llevaron a cabo sus directivos y comerciales, así como su red de proveedores. En el auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se señala a 32 entidades como responsables civiles subsidiarios. 

Según explica que el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado (que equivale al procesamiento en el sumario), los hechos investigados en esta pieza constituirían hasta nueve delitos: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales. 

El auto, de 357 folios, pone fin a la investigación dirigida contra la estructura directiva de Fitonovo, su red comercial, red de proveedores y sociedades mercantiles factureras. Entre los imputados se encuentran los responsables de Fitonovo Rafael González Palomo y José Antonio González Baró, así como otros directivos de la empresa, como el director comercial, Andrés Brugueras Foye, y el adjunto a la dirección, Ángel Manuel Macedo Gajete.

De la Mata señala que la dirección de la empresa y “de la organización criminal” fue desempeñada desde su fundación por Rafael González Palomo hasta su sustitución por su hijo José Antonio González Baró, quien había ido asumiendo responsabilidades crecientes en la empresa, aunque González Palomo tenía el cargo de director general y junto a su esposa continuaban siendo propietarios al 50% de la empresa.

El juez atribuye a González Palomo la participación más cualificada, el “diseño e implantación de la arquitectura comercial y contable pensada para acaparar el mercado de la contratación pública de forma ilícita”, mientras que su hijo, González Baró, que asumió la dirección en 2011, además de su participación y/o conocimiento de las conductas anteriores, “continuó con las prácticas irregulares establecidas por su antecesor como estrategia criminal”.

De la Mata señala que la dirección de Fitonovo creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela o Caja B que se nutría de “facturación falsa” para, entre otros fines, “financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”.    

Relata el juez que la constitución de Fitonovo como empresa legalmente constituida que trabaja en un sector comercial legal puede llevar a considerarla como una empresa que actúa en el tráfico jurídico con normalidad. Sin embargo, indica De la Mata, la prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, llevan a concluir que "las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal".    

El instructor añade que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos quince años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, esta organización criminal, apunta, desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico, que abarca las siguientes provincias: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias. 

Así, continúa, crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se ocupaba de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto “pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada prestación de los servicios”, además de causar un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en “franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama”. 

El juez añade que la dirección de la “trama criminal” creo otras empresas (Fiverde, Agropombo, Angoro, Grantalis, etc.) que emplearon, ya como sociedades patrimoniales donde residencias sus ganancias, ya como sociedades pretendidamente comerciales, pero que “se empleaban para articular concurrencias ficticias en procedimientos públicos de contratación o para adjudicaciones públicas cuando no era deseable que apareciera como tal la sociedad Fitonovo”.

Dice el juez que la organización criminal, cuya actividad califica de “grave”, se sustentaba fundamentalmente en la “contratación pública corrupta con diferentes administraciones públicas” y para ello acudían “sistemáticamente a prácticas corruptas con autoridades y funcionarios públicos que pudieran favorecer la adjudicación de contratos públicos o la obtención de ventajas ilícitas en su ejecución, permitiendo en este último caso que se realizaran menos trabajos de lo facturados o que se ejecutaran de forma distinta de la contratada”. Y la contraprestación para los funcionarios “en nómina” que tenía Fitonovo era la entrega periódica de “dinero, regalos, pagos de viajes, servicios, obras en sus casas, etc”.

El juez se refiere precisamente a la “multitud de funcionarios que tenía en nómina” la dirección de Fitonovo como “último eslabón de la cadena y elemento imprescindible para la consumación de los delitos de corrupción”, unos funcionarios que han recibido “durante varios años contraprestaciones sustanciosas por la adjudicación de contratos públicos u otras prácticas irregulares en el marco de la contratación administrativa que han reportado a la empresa pingües beneficios”, y también estarían en ese último eslabón los empresarios que colaboraban mediante la emisión de las facturas falsas.

Las acusaciones disponen a partir de ahora de un plazo de 20 días para solicitar la apertura de juicio oral formulando el escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. 

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