Los principales imputados en el juicio por el supuesto desvío para un uso particular de más de 1,2 millones de euros de subvenciones de la Federación Andaluza de Asociaciones de Romaníes (FARA) se han negado hoy a declarar tras acogerse a su derecho constitucional.

El juicio ha comenzado hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga con la declaración de los quince acusados, aunque sólo siete contestaron a las preguntas de sus defensas y no permitieron que la fiscalía les interrogara y uno atendió a todas las partes personadas en el procedimiento.

Entre los acusados destaca el presidente de la FARA, Vicente Rodríguez Arribas, para el que el fiscal pide doce años y medio de prisión, y que fue el primero en acogerse a su derecho constitucional de no declarar.

Los imputados se enfrentan a 88 años de cárcel por delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, defraudación a la Hacienda pública, coacciones y amenazas respecto al anterior consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña.

Toda la junta directiva de la FARA, el tesorero Ramón V.C., el interventor Andrés A.M. y el secretario Salvador P.A. también se han negado a contestar a las preguntas de la acusaciones y, sólo los dos últimos quisieron precisar a través de las preguntas de su letrado que ellos nunca falsificaron nada, que no eran los responsables de las contrataciones y que no tenían acceso al dinero que había en las cuentas bancarias.

En el banquillo de los acusados también se encuentra Valeriano G.G. que supuestamente llevaba la contabilidad y tenía que justificar las subvenciones y José María A.N., María del Carmen Ll. R. y Carlos S.G., quienes preparaban la documentación para las correspondientes ayudas.

Valeriano G.G. no ha declarado tampoco y el resto han subrayado a través de las preguntas de sus abogados que no tenían disponibilidad de los fondos de la federación y que cada uno de ellos ejercía el trabajo que tenían encomendado.

La investigación de este caso reveló la propiedad de inmuebles, de una flota de vehículos de lujo y de cuentas bancarias y el uso de rentas no declaradas fiscalmente procedentes de establecimientos de ocio de la Costa del Sol.

Respecto a las amenazas al ex consejero de Asuntos Sociales, la Fiscalía entiende en su escrito acusatorio que "fue presionado fuertemente con el anuncio de manifestaciones de la etnia gitana", que hubo un robo en su domicilio y llamadas telefónicas anónimas en las que le advertían de que tuviera cuidado.

En el escrito del fiscal se señala que para lograr la desviación de parte de los fondos subvencionados y apoderarse presuntamente de este dinero, los acusados emplearon "distintos procedimientos tales como continuos traspasos de dinero, facturas falsas, recibos duplicados y contrataciones ficticias de trabajadores".

El único acusado que ha contestado a todas las preguntas ha sido un empresario que ha asegurado que las tres facturas que emitió a la federación eran verdaderas y por un valor total de más de cuatro millones de pesetas en material escolar.

La semana que viene continúa el juicio con la prueba testifical y la Audiencia tiene previsto celebrar las sesiones los días 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de mayo, y 2, 3 y 9 de junio.