El PP pidió ayer al juzgado que reabra la pieza política de los cursos de formación, archivada provisionalmente en octubre pasado porque la juez no apreció delito, tras conocer que la Guardia Civil precintó dos despachos del Servicio Andaluz de Empleo en los que había expedientes. En un escrito presentado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, los populares explican que a través de las notificaciones que les trasladaron ayer, conocieron que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil precintó dos dependencias administrativas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en los que hay "expedientes archivados". Por ello, el PP solicita la reapertura de la causa y que se les traslade la documentación que había en los despachos precintados.

El PP señala que el precinto de los despachos consta en un escrito de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 7 de noviembre de 2016 suscrito por la secretaria general, María Luz Fernández Sacristán. En el informe, que entró en el juzgado el 14 de noviembre, la Consejería solicita al juzgado que, una vez archivada la causa, puedan acceder y desprecintar los despachos para trasladar los expedientes allí archivados, ya que el SAE ha empezado los trámites para trasladar su sede.

La petición de los populares indignó a la Junta de Andalucía, que les acusó de "seguir enmarañando y ensuciando la vida pública en Andalucía". La solicitud es "inaudita, sorprendente, carente de rigor y sin la más mínima base legal", según destacó la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio antes de asegurar que los documentos de los despachos han "sido usados y consultados" por la Guardia Civil cada vez que se ha considerado necesario.

El Gobierno andaluz subrayó que es "falso" que esa documentación sea "desconocida", ya que ha "hanestado a disposición de la investigación desde el minuto siguiente al precintado de dichas dependencias". Empleo consideró que la iniciativa del PP es "un nuevo acto de temeridad judicial sin base jurídica alguna", que se produce "pese a las advertencias del Ministerio Fiscal de que deje de "enmarañar" el caso de los cursos de formación".

La petición de reabrir el caso es, según la consejería, "un desesperado y malintencionado intento de mantener su única acción política a base de judicializar la vida pública andaluza", y por eso el PP "vuelve a intentar criminalizar la acción del Gobierno andaluz" con su iniciativa.