La petición para paliar el gasto de los dependientes toma cuerpo

  • El Gobierno reparte un fondo especial incorporando el criterio que reclama la Junta

En noviembre, tras 20 meses desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, la Junta de Andalucía reclamó al fin más recursos económicos del Gobierno para atender la avalancha de beneficiarios. El Parlamento, a propuesta del Grupo Socialista, aprobó una resolución en la que se instó al Gobierno a modificar los criterios de asignación a las comunidades. Quien más dependientes atienda, debe recibir más, proclamó, ya que ahora se valora la población como criterio prioritario (94%) en el reparto del fondo general. La propuesta aún debe ser discutida en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia, pero ayer recibió un respaldo que sienta precedente.

El reparto de 400 millones de euros de un fondo especial del Gobierno para dependencia incorporó el criterio de población atendida y ponderó en un 20% sobre el total. De esta manera, la inversión destinada a Andalucía ascendió a 74,2 millones de euros, en la cabeza del ranking. "Ha supuesto un incremento sustancial", comentó a esta redacción Purificación Causapié, directora general para la Atención a la Dependencia de la Junta. En el reparto de este criterio de población atendida, Andalucía representa un 27,14% y eleva así sus ingresos por encima de lo que hubiera supuesto con los criterios habituales."Debemos insistir, porque es lo más justo", afirmó.

El Consejo aprobó la cuantía de la paga que se destinará a los dependientes severos que se incorporan el 1 de enero y que serán más de 20.000 en Andalucía:entre 300 y 400 euros.

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