economía La Seguridad Social se enfrenta a un momento determinante para el futuro del sistema

El paro rompe las costuras de las pensiones

  • El número de afiliados ocupados cae casi un 14% desde 2007 · El Gobierno se ha visto obligado a recurrir al Fondo de Reserva y a no compensar el alza del IPC

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Mariano Rajoy cruzó el pasado 30 de noviembre una de las últimas líneas rojas que le quedaban por transgredir. El Consejo de Ministros acordó no restituir a los pensionistas la desviación del IPC. Según anunciaron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el Ejecutivo no podía asumir una compensación a los pensionistas del 1,9%, que es la diferencia que media entre la subida aplicada este año (1%) y el IPC interanual de noviembre, cuyo dato adelantado se situó en el 2,9%. Esto suponía, más o menos, el desembolso de unos 1.900 millones de euros para adecuar las pensiones a la inflación y una cantidad similar para consolidar esa subida. Con su decisión, el Gobierno se ha ahorrado en total 3.800 millones. Para los pensionistas andaluces, la medida se traduce en un recorte de su poder adquisitivo de 276 millones de euros, según la Junta de Andalucía.

Aunque negada durante meses por el Gobierno central, la decisión era largamente esperada tanto por los analistas como por organismos internacionales y la Unión Europea, que han reclamado reiteradamente que las pensiones dejen de estar ligadas al IPC.

El modelo sobre el que está articulado el sistema de pensiones español es el de reparto. A grandes rasgos, se financia mediante las aportaciones de trabajadores y empresas a través de las cotizaciones. Estos fondos van a parar a una gran hucha que sirve a su vez, para pagar la nómina de las pensiones contributivas. En los últimos años, se había logrado un superávit al superar los ingresos -las cotizaciones- a los gastos -las pensiones-. Esa diferencia positiva había alimentado el fondo de reserva de la Seguridad Social, dotado con más de 67.000 millones de euros, la mayor parte invertidos en deuda pública española. Pese a la magnitud de la cifra del fondo de reserva, no hay que engañarse, ya que apenas podría afrontar el pago de las pensiones durante unos meses.

La segunda gran premisa del sistema de pensiones es el de la solidaridad intergeneracional. Los trabajadores en activo aceptan financiar con sus rentas las pensiones actuales con la esperanza de que la siguiente generación soporte sobre sus hombros el peso de sus jubilaciones y prestaciones. Y así sucesivamente. Este modelo acarrea que sea enormemente sensible a cualquier modificación en sus flujos de caja, sea por el lado de los ingresos o por el de los gastos.

Los datos evidencian que la crisis económica ha roto las costuras de la Seguridad Social, sobre todo por el incremento exponencial del desempleo. Entre el último trimestre de 2007 -cuando se alcanzó el máximo histórico de la afiliación- y noviembre de 2012, la Seguridad Social ha perdido casi tres millones de afiliados -el 13,7% del total-, cayendo a cifras del año 2003. Andalucía sigue también la tendencia nacional. La afiliación ha descendido en un 13,1%, pasando de 3,1 millones a unos 2,6 millones.

Esto implica un recorte en los ingresos de la Seguridad Social de unos 4.173 millones de euros anuales, según reconoció esta semana Fátima Báñez en la Comisión del Pacto de Toledo. Además, el Ejecutivo ya ha tenido que recurrir al Fondo de Reserva, del que ha retirado 3.500 millones para afrontar la nómina de diciembre.

Sin embargo, hay que matizar que el sistema no sólo se alimenta de las cotizaciones de los trabajadores con un empleo. Los perceptores de prestaciones por desempleo -que se sufragan con la cuota del desempleo que se detrae de la nómina de los trabajadores y los Presupuestos Generales del Estado- también tienen obligación de cotizar, aunque sea el Estado quien asuma sus obligaciones, lo que equivale a grandes rasgos a una financiación indirecta de la Seguridad Social por el Estado.

Las aportaciones de los desempleados son inferiores a las de los trabajadores ocupados ya que sus bases de cotización también son más reducidas. Aunque durante los años de bonanza suponían una proporción muy pequeña dentro de los ingresos de la Seguridad Social, su peso ha crecido conforme la crisis ha golpeado la actividad económica. No obstante, es un espejismo con fecha de caducidad. Conforme los parados agoten sus prestaciones y sigan sin encontrar empleo, su efecto se diluirá .

La suma de las cotizaciones de los parados con derecho a prestación a la de los ocupados ha permitido amortiguar el impacto de la crisis en la proporción entre pensionistas y afiliados. Esta relación sigue por encima de dos cotizantes por cada pensión contributiva tanto en Andalucía como en España, según datos de la Seguridad Social.

Por el lado de los gastos, la cuerda no para de tensarse. Entre el último trimestre de 2007 y noviembre de 2012, el número de pensiones contributivas ha aumentado casi un 8% tanto en Andalucía como en España. En este periodo -en el que España apenas ha conseguido domar la inflación-, el importe de la pensión media ha aumentado también en más de un 21,5%. Al observar la pirámide de población, la conclusión más evidente es que las tensiones van a agravarse. El sistema se mantuvo mientras se fueron jubilando las generaciones nacidas en las primeras décadas del siglo XX, muy mermadas por acontecimientos como la Guerra Civil y la hambruna posterior, a la par que se incorporaban al mercado laboral los nacidos en el baby boom posterior.

Las tornas han cambiado ahora con el fuerte descenso de la natalidad a partir de la década de los ochenta. Según el Instituto Nacional de Estadística, en Andalucía hay 3,7 millones de personas con edades comprendidas entre los 30 y los 60. Pero por debajo de los 30 años de edad sólo hay 2,9 millones de personas. Y en un contexto de fuerte paro juvenil y de emigración de los jóvenes, es muy probable que esta cifra se reduzca .

La respuesta más obvia para resolver este dilema es subir los ingresos, algo arduo si no hay una recuperación económica que permita crear empleo. Y es difícil que el Gobierno se atreva a incrementar las cotizaciones, máxime cuando una de las promesas rotas que más ha dolido a los empresarios fue que no se redujeran sus obligaciones sociales en 2013, tal y como se anunció el pasado verano. Otra vía para incrementar los ingresos es retrasar la edad de jubilación, algo que ya comprendía la reforma aprobada por el Gobierno de Zapatero. La medida supuso aplazar gradualmente la edad de jubilación hasta 2027 para alcanzar el retiro a los 67 años de edad, pero desde Bruselas se presiona a Rajoy para que su aplicación sea inmediata.

Por el lado del gasto, la cuestión es aún más espinosa. La lógica electoral dice que ningún Gobierno se atrevería a recortar la nómina actual de las pensiones. Otro camino es reducir la cuantía de las jubilaciones futuras, algo que se producirá mediante la última reforma, que también abarcaba la ampliación gradual del periodo de cálculo de la jubilación. Esto se traducirá en una disminución de la tasa de sustitución -porcentaje de la pensión sobre el último salario percibido-, situada actualmente en torno al 80%.

Una tercera vía supondría combinar el sistema de reparto actual con uno de capitalización, en el que el trabajador fuera depositando sus cotizaciones para retirarlas en su jubilación. Ése era el espíritu del famoso Fondo Austriaco incluido en la reforma laboral de 2010 del que poco se ha vuelto a saber. Una variante del mismo es la compaginación del sistema público con la suscripción obligatoria de un fondo privado de pensiones, algo por lo que abogan encarecidamente las entidades financieras. Sea cual sea el camino, la reforma precisa de una reflexión serena a largo plazo y de un pacto amplio y estable, dos características que no han proliferado durante los últimos años en el debate político español.

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