El PSOE se encontró con 25 contratiempos en la votación de las resoluciones del debate general de sanidad. La oposición logró sacar adelante sin el apoyo socialista un 14% de las 175 propuestas presentadas ayer en el Parlamento, lo que se traduce en que el Gobierno andaluz tendrá que revisar determinadas políticas que no estaban en sus planes, como la subasta de medicamentos. Otras 115 resoluciones de la oposición también fueron aprobadas, aunque contaban con el beneplácito de los parlamentarios PSOE.

Fue Podemos quien consiguió, gracias a la abstención de Ciudadanos, sacar adelante su propuesta de revisar las conocidas como subastas de medicamentos en contra del PSOE. Cuando se ponga en marcha esta medida, la Junta tendrá que tener en cuenta nuevos criterios en la selección de fármacos, como son la adherencia al tratamiento, la capacidad de producción y distribución de la empresa y su implantación en el territorio. Sin embargo, el Parlamento aprobó, con el rechazo de los populares, instar al Gobierno central a que extienda el sistema de subastas al resto de España.

El PP logró el apoyo del resto de grupos -menos el PSOE- en once de sus 35 medidas, algunas tan destacadas como la finalización de determinados equipamientos sanitarios con un coste de 200 millones de euros, según los cálculos de los populares. Afecta, por ejemplo a los centros de alta resolución de Lepe, Cazorla y Palma del Río, pero también a hospitales como el de Poniente en Almería. También salió adelante una propuesta de ampliar el cribado del cáncer de colon, la mejora de la situación de las matronas y su reconocimiento de los profesionales sanitarios para evitar agresiones. Los populares consiguieron aprobar la puesta en marcha de una evaluación anual de las estrategias, planes y programas sanitarios de la Junta con el objetivo de "reorientar acciones", lo que podría provocar cambios de rumbo en la política del Ejecutivo en un futuro.

El SAS también tendrá que reorientar, por una resolución de Podemos, el plan de interinidad del 28 de diciembre de 2016. Esta orden articulaba el cumplimiento por parte de la Administración autonómica de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declaraba ilegal encadenar contratos temporales en puestos estructurales y "prescindía por completo de la bolsa única". IU, por su parte, sacó adelante su iniciativa para "ajustar" el Plan de Verano del SAS a las necesidades asistenciales de la población, junto con otras ocho propuestas más que tampoco fueron avaladas por los socialistas.