La decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no dejó ayer satisfechos nadie, porque tanto la Fiscalía General del Estado como el propio juez Rafael Tirado ya han anunciado que recurrirán la sanción ante el Tribunal Supremo, aunque por motivos diferentes.

La Fiscalía presentará un recurso ante el Alto Tribunal para que los errores del juez se consideren como una falta "muy grave" del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en consecuencia, se imponga al magistrado una sanción de tres años de suspensión de empleo y sueldo, lo que supondría además la pérdida del destino en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. Fuentes de la Fiscalía General del Estado explicaron ayer que "por coherencia" mantendrán el criterio que han venido sosteniendo a lo largo de la instrucción del expediente disciplinario, al estimar que los hechos que se atribuyen al magistrado no constituyen una simple falta de desatención en relación con la causa ejecutoria de Santiago del Valle, sino que ésta desatención se produjo "de forma continuada" y abarcaba a todos los asuntos que se tramitaban en el juzgado de lo Penal número 1.

El abogado Francisco Baena Bocanegra, que defiende al juez Tirado, aseguró ayer que también recurrirá ante el Tribunal Supremo para que se elimine la multa de 1.500 euros. El letrado hizo hincapié en que, "desde el más absoluto respeto a las decisiones judiciales, en este caso no se ha producido ninguna falta disciplinaria, ni grave ni muy grave".

El abogado vinculó la decisión del máximo órgano de gobierno de los jueces a las "presiones mediática y políticas, que han sido tremendas" y es lo que, a su juicio, ha decantado la resolución final del expediente al magistrado.

Baena Bocanegra opinó que la independencia del Poder Judicial "se tiene que demostrar en estos momentos y el CGPJ no lo ha hecho, con todos mis respetos, porque la resolución no es ajustada a Derecho".

El abogado indicó que el juez Rafael Tirado ha padecido este tiempo una "gran tensión", por lo que consideró que "hay que dejarle unos días de tranquilidad, porque el magistrado tiene derecho a estar tranquilo con su familia y sus hijos", aseveró Bocanegra.

El letrado explicó respecto al recurso que elevarán a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que "van a seguir luchando" para que se levante la sanción porque, "en un Estado de Derecho cuando se sabe que uno tiene la razón, hay que defenderla".

En cuanto al recurso de la Fiscalía General del Estado, el penalista dijo que le pare "muy bien" que el Ministerio Público recurra una decisión para defender su criterio, al igual que ha hecho el juez Rafael Tirado a lo largo de estos nueve meses de expediente.