La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que a partir del día 13 juzga a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, será la que se encargará de enjuiciar la cuarta pieza separada de la macrocausa, en la que está procesado el ex director general de Trabajo Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo, en relación con las ayudas que por importe de 1.475.028,01 euros le concedió al chófer el ex alto cargo y parte de las cuales fueron empleadas en la compra de regalos y cocaína.

La juez María Núñez Bolaños elevó la semana pasada esta pieza a la Audiencia de Sevilla, habiendo correspondido su enjuiciamiento por el turno especial de macrocausas a la Sección Primera, cuyo presidente, Pedro Izquierdo, fue designado de nuevo por reparto como ponente para enjuiciar las ayudas del chófer de los ERE. Pedro Izquierdo ya ha presentado su abstención para enjuiciar esta nueva pieza –después de que la Audiencia aceptara la recusación del PP por haber ocupado el cargo de secretario general para la Justicia en la Junta de Andalucía-, y ahora la Audiencia deberá elegir a un nuevo ponente entre el resto de magistrados que hay en esta Sección.

El sumario de esta pieza consta de siete tomos, así como 3.009 folios y 10 piezas de responsabilidad civil de los encausados. En abril pasado, la juez María Núñez Bolaños acordó la apertura de juicio oral, en un auto en el que impuso sendas fianzas de 1,9 millones y 2,1 millones a Javier Guerrero y a su chófer, respectivamente.

En esta causa hay cinco procesados y además de Guerrero y Trujillo, están procesados el directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz – al que impuso una fianza de 158.000 euros- e Isidoro Ruiz Espigares, socio de una de las empresas del chófer y cuya fianza asciende a 585.000 euros, mientras que la esposa del conductor de Guerrero, Juana Gallego, debe hacer frente a una fianza de 77.000 euros como beneficiaria "a título lucrativo” de las ayudas que recibió su marido.

El auto de apertura de juicio oral se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el Partido Popular presentaran sus respectivos escritos de conclusiones provisionales, en los que piden penas de cárcel para los cuatro acusados.

Así, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado sendas condenas de 14 años de prisión y 30 años de inhabilitación para Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo por delitos continuados de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que solicita una condena de seis años de prisión y diez de inhabilitación para el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz, y seis años y tres meses de prisión y 17 años de inhabilitación para Isidoro Ruz Espigares, socio de una de las empresas del chófer.

En el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el Ministerio Público reclama asimismo que Guerrero y Trujillo indemnicen a la Junta con 900.000 euros; mientras que Guerrero, Trujillo e Isidoro Ruz deberán abonar otros 450.000 euros de otra ayuda. Por último, los acusados Guerrero, Trujillo y el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín deberán abonar otros 125.028,01 euros de la póliza que suscribieron a nombre de la madre del chófer.

El fiscal pidió además que la esposa de Trujillo, Juana Gallego, responda de la cantidad de 24.000 euros como responsable "a título lucrativo" de parte de las ayudas que recibió su marido.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción relata que el ex director de trabajo y su chófer "idearon inicialmente la constitución de sociedades mercantiles para poder disponer para ellos de parte de los fonos públicos que tenía a su disposición la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31L”, conocida como el fondo de reptiles, y esas sociedades –Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena- recibieron cantidades "para financiar falsos proyectos de inversión".

Después, puestos de común acuerdo y "con ánimo de ilícito enriquecimiento" con un tercer investigado –Isidoro Ruz- decidieron que éste presentara como promotor ante la Dirección General de Trabajo "un proyecto, sin fecha, para el emplazamiento de una granja avícola en el cual como financiación de la inversión se disponía de una subvención de450.000 euros”.

En la tramitación del pago de estas cantidades como ayudas o subvenciones a estas tres sociedades, precisa la Fiscalía, "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido, concediéndose por el encausado Guerrero Benítez sin competencia para ello, sin la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones, sin que se acreditare el carácter excepcional de las ayudas, sin que se dictara resolución motivada de concesión con expresión de los requisitos exigidos a las sociedades beneficiarias, no sometiéndose a ningún tipo de fiscalización de la Intervención y sin hacer ningún tipo de seguimiento de la aplicación dada a los fondos públicos concedidos”.

El importe de 450.000 euros fue "fijado a propósito” por el director de Trabajo para "evitar” que el Consejo Rector del IFA las aprobase, añade el Ministerio Público, que relata cómo Javier Guerrero recibió "entregas en efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones a restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína” por parte de su chófer con los fondos transferidos de la agencia pública Idea.

Así, Anticorrupción destaca en su escrito de acusación que el destino que los acusados dieron a los fondos percibidos "supuso no sólo una merma importante en la disponibilidad presupuestaria para atender la finalidad del programa 31L –ayudas sociolaborales y a empresas en situación de crisis- por su cuantía (tres ayudas de 450.000 euros), sino también un grave perjuicio a la actividad a desarrollar por la Administración de la Junta de Andalucía ante las ciertas, concretas y singulares situaciones de crisis socioeconómica de la comunidad autónoma, privando a empresas andaluzas, en situación real de crisis, de concurrir y acceder a estas cantidades”, sentencia el Ministerio Público.

La juez María Núñez Bolaños dictó en marzo pasado el auto de procesamiento, en el que puso fin a la instrucción de esta pieza de los ERE y en la que señaló que de forma indiciaria puede afirmarse que el director general de Trabajo Javier Guerrero, otorgó "de forma arbitraria y con ánimo de lucrarse él mismo y Juan Francisco Trujillo, persona vinculada laboralmente a Guerrero en su condición de conductor de éste, cuatro ayudas”.