No es para tanto. Aunque a este diagnóstico los partidos de la oposición insistan en responder no ni ná. A un lado, el letrado mayor y secretario general del Parlamento andaluz, Javier Pardo, y al otro -aunque no juntos- PP e Izquierda Unida, que cargan contra el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán.

Para Pardo no se detecta un "conflicto de intereses" en la contratación de la campaña para conmemorar el 4-D con la empresa El Cañonazo Transmedia, en la que trabaja un sobrino de Durán. Ésa es la posición del secretario general de la Cámara ante las críticas de los grupos denunciando anomalías en el trámite. Podemos denunció el miércoles que todo el proceso que culmina con el encargo de la campaña a El Cañonazo Transmedia está "plagado de irregularidades". Según el grupo que dirige Teresa Rodríguez, el expediente, de "tres únicos folios", revela que la campaña tiene un precio de 16.996,87 euros, 2.996,87 euros más que la cifra aportada por la Presidencia de la Cámara.

Pardo precisa en un comunicado que se trata de un contrato menor de 14.047 euros, que se incrementó con la cantidad de 2.949,87 euros, correspondiente al 21% del IVA, con lo que el total es de 16.996,87 euros. Este importe "no supera el máximo de 18.000 euros, IVA excluido, establecido para los contratos de servicios en la Ley de Contratos del Sector Público, vigente hasta el 9 de marzo de 2018".

El letrado mayor del Parlamento especifica que a partir de dicha fecha el importe máximo para este tipo de contratos será de 15.000 euros, IVA excluido, tal y como recoge el artículo 118.1, de la Ley de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español directivas europeas.

El pasado 15 de noviembre, el presidente del Parlamento informó a la Mesa de su intención de iniciar la tramitación de un contrato menor consistente en la elaboración de un reportaje audiovisual conmemorativo de las manifestaciones 4 de diciembre de 1977. La iniciativa -según Pardo- se inscribe dentro del ámbito propio de la publicidad institucional que corresponde a la Cámara, y a tal efecto es necesario acceder a la documentación y archivo de imágenes disponibles sobre dicha efeméride, "contando para ello" con la colaboración del Centro de Estudios Andaluces.

A propósito de la polémica que ha provocado que en la empresa a la que se ha adjudicado el contrato trabaje un sobrino de Durán, el secretario general apunta al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para esgrimir que no existe conflicto de intereses.

Dicha norma, señala Pardo, establece que la prohibición de contratar se extiende "a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero".

Por ello, sostiene que dicha prohibición "no resulta aplicable al caso en cuestión al tratarse de una relación de parentesco (sobrino) de tercer grado, sin que exista tampoco constancia de conflicto de intereses", de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.

A pesar de estas explicaciones, la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Carmen Crespo, emplazó ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a "tomar cartas" en un asunto en el que, a su juicio, florece la "falta de ética del presidente del Parlamento y su descaro al coincidir en fecha la adjudicación y el comienzo de la campaña en redes". La parlamentaria popular denunció el "ocultismo" de Durán a la Mesa de la Cámara.