La familia de Juan Martínez Galdeano, fallecido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) el 24 de julio de 2005, considera que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo "no hace Justicia" al agricultor.

Así lo ha manifestado Leonardo Montoya, portavoz de la familia del fallecido, quien ha trasladado su pérdida de confianza en la administración de Justicia, para la que ha primado a su entender "quién era la otra parte y dónde trabajaba".

"La honradez era verde y se la ha comido un burro", ha dicho para ilustrar la sensación de la familia del hombre.

Por su parte, la letrada de la familia, Bárbara Royo, ha considerado "indignante" que la sala de lo Penal haya admitido que el teniente José Manuel Rivas cometió un delito "más grave" que el que le atribuyó la Audiencia Provincial y que, sin embargo, de lo anterior se derive una reducción en tres meses en su pena de cárcel.

"Ha sido una decisión salomónica. Le han impuesto la pena mínima y creo que es erróneo", ha dicho antes de asegurar que la sentencia «es de una calidad malísima».

Pese a lo anterior, la abogada ha aplaudido que el Tribunal Supremo refrende en oposición a la sala tercera de la Audiencia Provincial que existió una causalidad directa entre las acciones seguidas por Rivas para reducir al hombre y su muerte a consecuencia de un delirio agitado.

Ha alabado la actuación del que fuera ponente Enrique Bacigalupo, cuyo voto particular ha sido visto por esta parte como "impecable" técnica y jurídicamente.

Por otro lado, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que ejercía en este caso la acusación popular, ha celebrado como la anterior letrada que "por fin" se pruebe que Martínez Galdeano no falleció "únicamente" por padecer un delirio agitado, sino también "como consecuencia de la acción" de los acusados.

Sin embargo, según ha trasladado el letrado Jaime Sanz de Bremond, la asociación lamenta que, en el sesenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Supremo no haya tenido en cuenta "como mínimo" los argumentos de Bacigalupo.

En sintonía con este magistrado, apartado como ponente por disensiones internas, la acusación popular considera que los ocho guardias enjuiciados en esta causa "son responsables" de un delito de lesiones en concurso con otro de homicidio imprudente contra Galdeano, cuyo cuerpo presentaba más de medio centenar de lesiones cuando se certificó su muerte en el cuartel.

Ha agregado finalmente que, a su entender, el empleo de lazos paralizantes o defensas antirreglamentarias para la reducción del detenido, "con independencia de su estado", suponen "en cualquier caso un grave atentado a la dignidad e integridad moral de todo ser humano", algo que no comparte el Supremo, que ha exculpado al mando del cuartel de este delito, por el que fue condenado por la Audiencia de Almería.