En el catálogo de prestaciones de la Ley de Dependencia, una de las ayudas consiste en una paga económica para cuidados familiares,recurso que prestan en una amplia mayoría los allegados del afectado. La medida, reservada para casos excepcionales en el texto de la norma, se ha materializado en la opción preferida por una de cada tres familias andaluzas y la previsión es que este número vaya en aumento.

El ejército de cuidadores no profesionales asciende en la comunidad a 21.198 personas dados de alta al regimen de la Seguridad Social, justo el 50,1% de los contabilizados en toda España. Provincias como Cádiz o Málaga, con 3.791 y 3.690 respectivamente a mediados de diciembre, tienen mayor número de cuidadores que la segunda comunidad en el ranking por detrás de Andalucía, País Vasco, con 3.300 familiares que atienden directamente al mayor o al discapacitado. Cualquiera de estas dos provincias supera la suma de los cuidadores de Baleares (372), Canarias (345), Castilla y León (967), Extremadura (350), Madrid (30), Navarra (344), La Rioja (369), Ceuta (214) y Melilla (199).

El perfil del cuidador revela que el 95% son mujeres, y más de la mitad sobrepasan los 50 años. Además, según expuso CCOO, dos de cada tres personas que perciben una ayuda económica por cuidar a un familiar dependiente son jubilados o trabajadores, un dato "poco razonable" a tenor de las cifras del paro y cuestionable en cuanto a la calidad del cuidado recibido, según consideró la secretaria confederal de política social de CCOO, Pura García. La Junta de Andalucía, junto a los sindicatos, prepara unos cursos de formación para los cuidadores, iniciativa aún embrionaria que esperan poner en marcha a partir del próximo año, confían desde las organizaciones sindicales.

Para el PP andaluz, estas cifras revelan que a la Junta de Andalucía "sólo le interesa el ahorro" al dar prevalencia al criterio económico frente al asistencial, criticó ayer Esperanza Oña, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento. Una plaza en un centro asistencial cuesta a la Administración en torno a 1.500 euros y la pagas económica oscilan entre los 300 y 600 euros por dependiente. Oña, que intervino en el Comité de Dirección del PP-A para hacer balance de la política social en el presente año, denunció la "forma cruel" en la que se ha gestionado la Ley de Dependencia al "crear falsas expectativas" en los dependientes y sus familias.

La portavoz popular criticó que se concedan tantas pagas económicas en ausencia de recursos asistenciales y que éstas sean recibidas en su mayor parte por mujeres a las que se les obliga a prestar la atención al dependiente en el hogar, una muestra a su juicio del "nivel de progresismo de los socialistas".