"El exceso de alumnos por aula a veces sobrepasa la legalidad"

Asuntos como la aprobación de la nueva Ley de Educación de Andalucía (LEA) o la polémica por la asignatura de Educación para la Ciudadanía marcaron el primer mandato de José Blanco al frente de la Federación de Enseñanza de CCOO. Tras ser renovado el cargo, repasa los principales retos en la educación andaluza para los próximos años.

-¿Por qué consideran insuficientes los presupuestos que la Junta destinará a la educación en 2009?

-La LEA prevé medidas para mejorar la calidad que incluye un incremento de profesorado en cinco años. El año pasado se incrementó la plantilla en 3.500 docentes y este año en unos escasos 2.100. Demandamos más por la crisis económica, ya que la educación puede jugar un papel muy relevante con reincorporaciones al mercado laboral o potenciando la Formación Profesional para los que abandonaron el sistema educativo.

-¿Las ratios establecidas de alumnos por profesor se cumplen?

-Sigue siendo el gran problema educativo andaluz, sobre todo en la Educación Infantil, Primaria y en determinadas zonas, como las costas de Almería, Granada, Málaga y Cádiz. El exceso de alumnos por aula en algunos casos sobrepasa la legalidad, pero en ese cálculo de 15.000 docentes en cinco años habría suficientes para al menos ponernos en la legalidad. El sobreexceso de alumnos también se debe al aumento de escolarización en la enseñanza pública.

-¿Cómo funcionan las sustituciones y las bajas en el sistema educativo andaluz?

-No funciona el sistema muchas veces porque no se cubren adecuadamente las sustituciones. La ley prevé que serán los propios centros los que gestionen las bajas, pero está por desarrollar. Los profesores para apoyo a Primaria o refuerzo acaban cubriendo sustituciones y esto es una pérdida de calidad. A veces licencias por matrimonio, que son de quince días, no se están sustituyendo.

-¿Qué expectativas hay con el traspaso de las guarderías a la Consejería de Educación?

-Entendemos que la etapa de 0 a 3 años, además de asistencial y conciliación, debe de jugar un papel educativo. Demandamos una apuesta clara y decidida de la Administración por esta etapa educativa con una iniciativa pública.

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