Andalucía

Las diferencias entre PSOE y PP bloquean el Ayuntamiento de Estepona

La oferta lanzada por el PSOE al PP para sacar al Ayuntamiento de Estepona de la situación de bloqueo que padece, haciéndole partícipe del gobierno de la ciudad o pidiendo su apoyo para 10 proyectos clave, no ha calado en el PP. Los populares volvieron ayer a apostar por una salida como la de Marbella: la disolución del Consistorio y la convocatoria de elecciones, posibilidad que fue descartada por el Gobierno andaluz, que no está por la labor de solicitarlo al Gobierno central, al entender que la oferta lanzada por los socialistas es "generosa" y por tratar de buscar la gobernabilidad y la normalidad en el municipio.

El intento socialista de buscar el apoyo del PP en Estepona es de índole matemática. El equipo de Gobierno que lidera David Valadez está en minoría (gobierna con seis concejales y un edil de IU, otra del PA y de la agrupación independiente Estepona 2007) tras destaparse el caso Astapa, y necesita de los cinco concejales populares. Pero parece caer en saco roto, ya que desde la dirección provincial como de la regional del PP no ven con buenos ojos esta operación.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguró que su partido no aceptará un pacto que supone "tapar las vergüenzas" al PSOE y reiteró que la propuesta de su partido es la creación de una gestora y "devolver la voz al pueblo lo antes posible" en las urnas. "No se aceptará un pacto para tapar las vergüenzas ni con una cesta podrida, donde la mayoría de la corporación municipal se encuentra imputada o en la cárcel", añadió.

Sin embargo, el PP de Estepona tampoco escapa a la acción de la Justicia. Ayer estaba previsto el juicio contra el portavoz del PP en el municipio malagueño, Ignacio Mena, acusado por el fiscal de coacciones, pero que se suspendió porque el procedimiento no había sido trasladado al órgano encargado del enjuiciamiento y por faltar dos testigos. La causa se inició por coacciones y por un delito de obstrucción a la justicia, tras la denuncia de un empresario local, que acusaba a Mena de actuar cuando era edil de Urbanismo en favor de los intereses de otro de los imputados y de una actitud "obstruccionista", por la supuesta paralización de expedientes del querellante.

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