Uno de los dos acusados por una estafa de 837.638 euros a dos bancos ha asegurado este martes en su declaración ante el tribunal que desconocía cómo funcionaba la empresa desde la que presuntamente se cometió la estafa porque era un "becario" dedicado a llevar cafés, ejercer de chófer y hacer fotocopias.

Una hora después de resolver cuestiones procedimentales previas, uno de los acusados, H.L.A., de 27 años, ha precisado en su declaración que no sabía nada de contabilidad ni emitía facturas en los nueve meses que trabajó en la empresa de mobiliario de su padre, que es el otro imputado en el caso.

El padre, J.M.L.R., no ha asistido al juicio ni se prevé que lo haga en los próximos dos días de la vista oral porque ha sufrido un infarto cerebral y padece una depresión severa, según dijeron a los periodistas el hijo y su abogado y ha certificado un médico forense.

El fiscal, que pide cinco años de cárcel para cada uno de los dos acusados, una multa de 6.000 euros y que devuelvan el dinero presuntamente estafado, afirma en su escrito de acusación que los imputados estafaron los 837.638 euros a dos bancos mediante falsos reconocimientos de deuda, en los que falsificaron la firma de 17 alcaldes o interventores municipales.

El hijo del dueño de la empresa de mobiliario de oficinas ha señalado que cuando no ejercía de "chico de los recados" se dedicaba a meter datos en un ordenador sobre clientes para luego enviarles publicidad por correo, y ha añadido que no sabía usar el escáner ni las gestiones internas de la empresa.

El fiscal, sin embargo, afirma que el hijo del acusado "escaneó las firmas y sellos auténticos de los citados organismos, obtenidos de la documentación verdadera que obraba en su poder a causa de las relaciones que habían mantenido con anterioridad".

Los abogados de El Monte y La General, las dos entidades presuntamente estafadas, han ironizado sobre que el acusado era "un becario muy avanzado" porque se quedó en exclusiva con la representación de una marca francesa a los pocos días de cerrar la empresa de su padre.

El juicio está previsto que se celebre hasta el próximo jueves y sólo se enjuiciará a uno de los acusados a la espera de que el otro mejore su salud y pueda sentarse en el banquillo de los acusados, según apuntaron fuentes judiciales.

La acusación de la Fiscalía indica que uno de los acusados suscribió en 1997 una póliza con la entidad El Monte según la cual obtenía el descuento de las cantidades que le adeudaban ayuntamientos y organismos oficiales en los contratos de compra de material de oficina.

Guiado por su interés de obtener un "ilícito beneficio", según el fiscal, el acusado falsificó facturas, certificaciones y reconocimientos de deuda "que no correspondían a operaciones comerciales" y en las que imitó las firmas de los alcaldes, interventores o escaneó los sellos de los organismos oficiales.

Por este método, consiguió que el banco le anticipase los importes de facturas supuestamente presentadas por los Ayuntamientos gaditanos de Cortes de la Frontera y Castellar de la Frontera y los sevillanos de Alanís, Algámitas, Pruna, Morón de la Frontera, Santiponce, Mairena del Alcor y Las Cabezas de San Juan.

Asimismo, falsificó documentos de los Ayuntamientos malagueños de Arriate y Villanueva de Algaidas, y en Huelva del Ayuntamiento de Cortegana y de las Mancomunidades de Lepe-Isla Cristina y de la Sierra Occidental de Huelva.