En pocas semanas, el nuevo Gobierno del Reino de España enviará a las Cortes Generales su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, unas cuentas para las que tendrá que buscar apoyo parlamentario suficiente para que se conviertan en Ley, dada la mayoría minoritaria que sostiene al Ejecutivo. Mariano Rajoy no habría sido investido el 29 de octubre pasado por el Congreso de los Diputados sin la necesaria abstención de la gran mayoría de los parlamentarios del PSOE, pero desde ese mismo día los socialistas anunciaron una negativa segura a los Presupuestos desde sus 84 escaños.

Esa decisión puede tener cierta lógica en términos puramente de táctica partidista (o de recuperación de perspectivas electorales), como respuesta visceral a quienes acusan a la Comisión Gestora y los barones -con la presidenta andaluza, Susana Díaz, en cabeza- de traición al haber abandonado el errático no es no que el partido del puño y la rosa mantuvo mientras Pedro Sánchez fue secretario general. Pero si se analiza desde la perspectiva de la política útil y de recuperación del PSOE como partido esencial en la gobernanza estatal, desaprovechar la ley más decisiva para ejecutar políticas parece un claro desperdicio.

Si se desciende al marco en el que -todavía- se mueve Díaz, el andaluz, no hacer valer los decisivos votos socialistas en favor de demandas urgentes y recurrentes desde hace un lustro sería un ejercicio de incoherencia al que se uniría el despilfarro de un valor clave en política: la oportunidad.

Andalucía, que tiene 20 de los 84 diputados del PSOE -excluido el de Nueva Canarias empotrado en las listas-, podría conseguir importantes inversiones si juega su baza de negociar con el Gobierno, al menos, la abstención , si no el apoyo, que permita la aprobación de los Presupuestos Generales.

Si dentro de la "agenda propia" de la Junta de Andalucía, según la definición utilizada por el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios nada más ser investido Rajoy, hay un paradigma de esas demandas urgentes y recurrentes, ése es el agravio en inversión ferroviaria: son ejemplo de ello el aislamiento que vive Granada por tren desde hace 614 días o las olvidadas líneas de metro por ejecutar en Sevilla. Pero, sobre todo, expresado en la nula inversión ejecutada en el único tramo español de la Red Transeuropea de Transportes de la Unión Europea que está incluida en dos corredores considerados prioritarios, el Atlántico y el Mediterráneo: el trazado férreo entre Algeciras y Bobadilla.

Esos 1.178 millones de euros son, objetivamente, la inversión más acuciante para Andalucía, por su efecto multiplicador. Conseguir transformar en una línea de prestaciones avanzadas la decimonónica vía que va del Estrecho de Gibraltar a Antequera, no sólo permitiría al principal puerto de España, el de Algeciras, dejar de ser una isla para el transbordo y convertirse en la mejor opción para captar también tráfico de importación y exportación, sino que destaponaría el cuello de botella que sufre la ambiciosa red logística -ya ejecutada en su mayoría- desplegada por el Gobierno andaluz, con importantes nodos en Córdoba, Sevilla, Granada y, obviamente, la propia Antequera y el Campo de Gibraltar.

Unos presupuestos de 2017 con un plan plurianual tan dotado como ejecutable en los próximos dos lustros, permitirían que ese tramo vital de los corredores ferroviarios estuviese en servicio antes de 2030, como exige la Comisión Europea, que amplió diez años el horizonte inicial de 2020.

Tampoco faltarían argumentos para el interés político del PSOE y de quien se perfila como su próxima líder: Susana Díaz. ¿Qué mejor argumento de compatibilidad entre el cargo de secretaria general socialista y presidenta autonómica que conseguir, con su rol en la política española, la inversión más importante para Andalucía, según su propio diagnóstico?

Igualmente, la aprobación del Presupuesto podría ir acompañada de otras medidas económicas para todo el Estado que la Junta también reclama y son santo y seña de la oferta programática andaluza: financiación autonómica suficiente, dotación de la dependencia, recuperación del gasto social. Y sobre todo, ahondaría en el discurso político, mucho más coherente que el no es no, de que el PSOE aporta una política progresista útil, alejada del estéril bloqueo institucional que propugna el ala dominante de Podemos.

El PSOE, bajo el liderazgo latente de Susana Díaz, tiene ante sí la vía de la oportunidad para subirse al tren de la coherencia política.