El Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó ayer un estudio en el que evalúa la situación de la Justicia en la comunidad, donde detecta el Alto Tribunal un "muy alarmante déficit" de funcionarios. La comunidad necesita así la adjudicación de 1.719 plazas en los 617 órganos judiciales, excluyéndose de esta valoración los juzgados de paz. La Consejería de Justicia únicamente cuenta con un 70,8% de titulares para atender la totalidad de los puestos de trabajo.

El presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, entregó ayer el documento a la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, y a los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reunieron en Granada. El informe, aprobado por unanimidad por la Sala de Gobierno del Alto Tribunal, servirá, en opinión de Méndez de Lugo, de "herramienta útil" para afrontar las carencias de la Justicia en Andalucía y, además, para desarrollar la auditoría encargada por la Consejería a una empresa privada para analizar el rendimiento del personal judicial.

El estudio refleja que para cubrir el "déficit" de 1.719 plazas las Delegaciones Provinciales de Justicia sólo pudieron disponer de 1.178 funcionarios de la bolsa de interinos e incluso fue preciso acudir para cubrir esas vacantes a la contratación de 399 trabajadores ante el Servicio Andaluz de Empleo. "Un personal con nula experiencia y sin preparación previa que se vieron convertidos en funcionarios de Justicia al frente de un ingente volumen de expedientes, incapaces de tramitar e incluso comprender", destaca el documento.

El TSJA concluye que la Administración Autonómica padece "un muy alarmante déficit" en la plantilla de funcionarios de justicia que han de proveer los órganos judiciales e incluso "un menos justificado déficit" en su bolsa de funcionarios interinos, con "singular y grave incidencia" en las provincias de mayor número de puestos de trabajo, como son Sevilla, Málaga y Cádiz.

El TSJA, que ha basado el informe en los resultados de una encuesta realizada a jueces, magistrados y secretarios judiciales y en los datos aportados por las Delegaciones Provinciales de Justicia, incide en que la Administración autonómica se ha visto en los últimos años, desde 2005 y sobre todo de manera generalizada a partir del año 2006, "incapaz de dotar de plantilla apropiada cada uno de los Juzgados de nueva creación" que, entre el 20 de junio de 2006 y el 28 de diciembre de 2007, fueron en Andalucía 28, una docena de ellos de Violencia sobre la mujer.

Pero también apunta el TSJA a la responsabilidad del Ministerio de Justicia en este asunto. "La falta de recursos humanos, el estancamiento producido desde la Administración Estatal a la espera de unas definitivas relaciones de puestos de trabajo desde las que construir el modelo de oficina judicial, ha frenado, por no decir paralizado, una política de planificación de personal que, desde años atrás, exigía imperiosamente corregir las desfasadas e insuficientes plantillas de funcionarios en numerosos órganos judiciales", añaden los jueces.

Los participantes en el estudio consideraron precisa la creación de 1.245 nuevos puestos de trabajo, de ellos el 48% en Partidos Judiciales con sede fuera de la capital de provincia, especialmente en Cádiz (178).

El incremento total oscila entre las 76 plazas que se interesan por los órganos judiciales de Jaén a las 282 que demandan los de Sevilla, "acuciante demanda y necesidad, mínimamente solventada en los últimos años con numerosas, relativamente, medidas de refuerzo con las que paliar una grave situación que exige una reacción rápida de las Administraciones en una Oferta de Empleo Público".

La Sala de Gobierno del TSJA, que remitirá el informe al Ministerio, denuncia el hecho de que uno de los dos Juzgados de los que tienen su sede fuera de la capital de provincia se vea obligado a atender el Registro Civil, lo que "implica un mínimo de un funcionario para su llevanza que, en algunos casos, incluso, es insuficiente, y en otros distorsiona las escasas plantillas y genera agravios cuando no, y especialmente en Partidos con Juzgados únicos, un sobreesfuerzo añadido en que cualquier baja, licencia o permiso repercute gravemente en la actividad y rendimiento de esas oficinas".