Después de que el Constitucional haya levantado la suspensión a la Junta para que pueda adquirir los medicamentos que dispensan las farmacias por subasta, la consejera de Salud, María Jesús Montero, expresó su temor a que el Gobierno central vuelva a boicotear este sistema con advertencias a las compañías de laboratorios, como ya hizo el 23 de marzo pasado, dos días antes de las autonómicas andaluzas, unos comicios en los que el PP partía como partido ganador. "La vicepresidenta -en relación a Soraya Sáenz de Santamaría- ha dicho que acata la sentencia; esperamos que esta vez sea de verdad y no de boquilla", aseguró María Jesús Montero, que recordó como el director general de Farmacia, Agustín Rivero, declaró el mes de noviembre pasado en Diario Médico que, con independencia de la decisión del Constitucional, la medida no tendría efecto en la práctica, y que los precios que el laboratorio pusiese en Andalucía serían los mismos que el Gobierno regulase para toda España.

Se trata de una advertencia en toda regla, si bien un matiz podría arrojar luz sobre todo esto: la Junta no negocia precios en la subasta con los laboratorios, sino "ventajas económicas". Primero, porque los precios, en efecto, son competencia estatal y, además, porque éste, en todo el territorio nacional, debe ser el más bajo del mercado para los genéricos. Por "ventajas económicas", que será el criterio decisivo en la subasta, se contemplan, por ejemplo, que la compañía adjudicataria entregue de modo gratuito otros medicamentos de los que se consumen en los hospitales. El precio, por tanto no varía, pero sí el ahorro, que la Junta calcula en unos 244 millones de euros al año, si bien otras fuentes sitúan la cifra aún más alta.

El 95% de los medicamentos que se adquieren en las farmacias con la receta del SAS son genéricos, aunque cada uno puede estar sintetizado por diversos laboratorios. Del total de éstos, Salud adquirirá por el método de subasta el 50% de ellos: son 372 principios activos, que se adjudicará a la compañía que presente mejores ventajas económicas. Para entender este efecto, hay que considerar que la Junta compra un 20% de los medicamentos que se adquieren en el país, bien para dispensarlo en sus hospitales, bien -como es el caso de las subastas- para que los pacientes del SAS las compren en las farmacias. La receta pública sí conlleva la rebaja del precio de venta al paciente.

El Gobierno central recurrió este sistema ante el Tribunal Constitucional, que los suspendió de modo inmediato durante un período de cinco meses. Al cabo de este tiempo, el tribunal ha considerado que el Ministerio de Sanidad no ha argumentado por qué mantiene que su sistema ahorra más que el de la Junta; le censura que el informe entregado no sea oficial, porque no lleva ni firma ni sello del departamento del que proviene, y estima que no es negativo para los andaluces, porque en todo el territorio nacional ya se debe vender, por una ley estatal, aquel genérico que tenga el precio más bajo. Puede ser que varios laboratorios ofrezcan el principio activo a ese mismo precio, pero en el caso de las subastas andaluzas, se obtiene un ahorro añadido por la búsqueda de esas ventajas económicas.

Salud espera que el día 21 se publique en el BOJA las condiciones de la subasta con un plazo de 20 días para presentar las ofertas, de tal modo que en abril se dispensen en las farmacias estos principios. La Junta ya adquiere por este método tres subgrupos de medicamentos: los protectores gástricos, los antiplaquetarios (para evitar trombos) y algunos principios contra el colesterol y otro tipo de lípidos. El Gobierno, en esa ocasión, no envió al Constitucional la orden, pero consiguió que más de la mitad de los 11 laboratorios a los que se les adjudicó la compra se retirasen y no firmasen el convenio. Fue a dos días de las elecciones, y algunos de sus representantes ya viajaban en el AVE destino a Sevilla cuando hablaron con el Ministerio de Sanidad y decidieron darse la vuelta. En aquella ocasión, varios laboratorios esgrimieron un informe del Consejo de Estado referente a este asunto que, a la larga, no ha tenido ninguna incidencia en la decisión del Tribunal Constitucional.

La nueva subasta pone en venta 186 subgrupos de 372 principios activos, y que equivalen al 50% de la factura de la Junta con las farmacias. El resto son medicamentos sujetos aún a patentes o específicos, aunque en esa mitad se incluyen casi todos los remedios más comunes.