El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca declara hoy como imputado sobre las presuntas irregularidades en los encargos jurídicos del Consistorio al abogado José María del Nido, presidente del Sevilla F.C., entre 2000 y 2001. El origen de este caso es una querella de la Fiscalía Anticorrupción, por la que ya declararon como imputados en septiembre de 2006 el propio abogado y el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz. También han comparecido el ex presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta y ex concejal del Consistorio marbellí Antonio Sampietro, así como otros ex ediles que integraron los consejos de administración de distintas sociedades municipales.

En la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 consta que Del Nido facturó directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros procedentes del Consistorio marbellí y 1,6 millones de las sociedades municipales. La Fiscalía establece que hay "abundantes y evidentes indicios" de que Julián Muñoz y Del Nido llevaron a cabo una acción concertada para enriquecer al letrado a costa del erario municipal, con la cobertura formal de unos encargos que, en algunos casos, no se corresponden con el trabajo desempeñado y, "en ningún caso, justifican el enorme desembolso de fondos públicos efectuado".

La denuncia responde a las diligencias iniciadas en enero de 2005 después de que el Tribunal de Cuentas remitiera el proyecto de informe de fiscalización relativo al Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades participadas durante los años 2000 y 2001, al apreciarse en éste "indicios de responsabilidad penal". El fiscal señala que las cifras de facturación del abogado "resultan todavía más alarmantes" si se considera que el Tribunal de Cuentas sólo pudo analizar la facturación de Del Nido en dos años y calcula que la facturación global entre 1999 y 2003 fue de 6,7 millones de euros. Entre las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, además de las relativas a la contratación de los servicios de Del Nido, destacó el cobro de facturas a sociedades municipales que durante el periodo fiscalizado tuvieron nula o escasa actividad, así como facturas por cantidades "absolutamente desproporcionadas" y cumplimentar "formularios de mero trámite".